Author Archives: Joan Serra i Palomar

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Art 38

LIQUIDACION EXTRAJUDICIAL DE SINIESTROS en Art 38

EL PROCEDIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE LIQUIDACION DE SINIESTROS. EL ART 38 DE LA LEY DEL CONTRATO DEL SEGURO.

Hay ocasiones en que, al producirse un siniestro cubierto por una compañía de seguros sobre un bien asegurado, la compañía propone una indemnización económica con la que su asegurado no está de acuerdo, por considerarla insuficiente en relación al valor de ese bien. ¿Cómo hay que actuar en ese caso para poder hacer valer los derechos del asegurado frente a la Aseguradora ? La Ley del contrato del Seguro prevé esta eventualidad, disponiendo el siguiente procedimiento en su art 38 , en el que a través de la intervención de peritos nombrados por las partes, se intenta llegar a un acuerdo sobre la valoración y liquidación del siniestro : (¡atención, porque este procedimiento no es el correcto para casos en que se discute la cobertura o no del siniestro por la póliza suscrita, sino sólo cuando hay controversia sobre la cantidad a indemnizar¡ ; así lo tiene declarado la jurisprudencia, de forma reiterada. ) Una vez que la Compañía de seguros comunica a su asegurado la cobertura del siniestro por la póliza suscrita, y propone la indemnización a pagar al asegurado, en el plazo máximo de cuarenta días desde que se le comunica el siniestro, haciéndola efectiva, si el asegurado no está de acuerdo con esa indemnización debe proceder a nombrar por su parte a un perito para que haga un dictamen sobre la valoración del siniestro y su indemnización, el cual debe aceptar por escrito el nombramiento, y comunicarlo a la Aseguradora. Esta a su vez debe hacer lo mismo, nombrar a otro perito para que haga su informe y comunicarlo al asegurado. Cabe decir que a veces, las conversaciones previas entre compañía y asegurado ya ponen de relieve una total discrepancia entre ellos, y puede que sea la compañía de seguros quien opte primero por ese procedimiento, comunicando a su asegurado el nombramiento de un perito para que a su vez nombre a otro perito y lo comunique. Ello responde generalmente a una táctica “disuasoria” por parte de las aseguradoras, ya que, cuando se trata de importes muy pequeños, el asegurado muchas veces no quiere o no puede afrontar el gasto de un informe pericial a la vista que el resultado efectivo será más bien menguado o hasta contraproducente. Lamentablemente, las compañías aseguradoras hacen valer su potencial (es cierto que un informe pericial les resulta comparativamente mucho más barato que al asegurado) frente a la parte más débil de la relación contractual ; lo cual es un abuso de derecho, pero difícil de combatir en la práctica. Aunque no siempre puede o debe ser así. Vale la pena, si los importes en discusión son ya relativamente importantes, acudir a este procedimiento y seguir adelante, porque muchas veces, al tener el asegurado argumentos valorativos objetivos de su parte plasmados en un informe pericial, se llega a un acuerdo entre las partes, más beneficioso que la primera oferta de la compañía. Volviendo al procedimiento, si en el plazo de ocho días desde que una parte (compañía o asegurado) comunica a la otra la designación del perito, ésta última no comunica a su vez el nombramiento de su perito, se considera que acepta el dictamen del otro, y quedará vinculado por él. De aquí viene, pues, la importancia de cumplir los plazos establecidos. Una vez nombrados los peritos, deben intentar llegar a un acuerdo sobre la cuestión, plasmándolo en un Acta conjunta, firmada por los dos peritos, y en la que forzosamente deben constar las causas del siniestro, la valoración de los daños, y las demás circunstancias que influyan en la determinación de la indemnización. Y, por supuesto, la propuesta del importe líquido de la indemnización. Es posible que no exista acuerdo entre los dos peritos. En ese caso, hay que recurrir al nombramiento de un tercer perito, que se puede hacer bien de común acuerdo entre las partes, o si no puede ser así, se debe acudir al nombramiento judicial : se solicita al juez de primera instancia competente (el del lugar en que se halle el o los bienes siniestrados) que proceda al nombramiento de un tercer perito judicial, de entre aquellos peritos que consten inscritos en las listas del Juzgado – lo que antiguamente se llamaba “insaculación” -. Tercer perito que no será “dirimente”, ya que no tiene un voto de calidad que valga más que los otros por su condición de perito judicial, sino que deberá decidir conjuntamente con los otros dos peritos. El tercer perito deberá realizar un dictamen a la vista de los hechos, y actuar como se ha descrito en el párrafo anterior: intentar llegar a un acuerdo sobre la cuestión/valoración con los otros dos peritos. El acuerdo se debe plasmar en un Acta conjunta a la que ya se ha hecho referencia anteriormente. El Acta no tiene una forma ni contenido concreto: aunque sí debe tener unos requisitos mínimos : por escrito (no valdrá un acuerdo verbal), y que conste lo que ya se ha mencionado anteriormente: las causas del siniestro, la valoración de los daños, las demás circunstancias que influyan en la determinación de la indemnización, y la propuesta de indemnización. Aunque la ley no dice nada más al respecto, la jurisprudencia ha intentado marcar unas pautas en un procedimiento que el mismo Tribunal Supremo ha venido a bautizar como “ prolijo, aunque incompleto y a veces oscuro, procedimiento de carácter extrajudicial ” , y ha dejado establecido que debe darse entre los peritos un debate o discusión previos a la realización del Acta conjunta, para salvaguardar la razonabilidad del dictamen emitido. Cómo de profundo debe ser ese debate previo, no lo dice, y se supone que no podrá ser muy amplio si las divergencias entre los peritos son insalvables. Pero, a efectos prácticos, sería conveniente que en el Acta se reflejase de alguna manera ese debate, o al menos su intento. El Acta conjunta que recoja todos los elementos mencionados antes debe estar firmada por los tres peritos, y puede ser o bien unánime entre todos los peritos, o bien por mayoría, pudiendo el perito que mantenga una opinión diferente firmar el Acta haciendo constar su disconformidad, y sin perjuicio del derecho de la parte a la que represente a impugnar judicialmente ese Acta. La ley establece un plazo máximo de treinta días a contar desde el nombramiento del tercer perito para realizar el Acta conjunta; aunque en la práctica, y los Tribunales lo vienen aceptando, las partes, de común acuerdo, pueden alargar ese plazo en bien de un posible acuerdo. En todo caso, sería conveniente hacer constar esta circunstancia en el Acta. El dictamen que resulte del Acta se debe comunicar a las partes, de manera expresa e indubitada, y ambas quedarán vinculadas por su contenido, a no ser que una de las dos decida impugnarlo judicialmente (por razones de forma y procedimiento, o de contenido, o por ambas). Los plazos para hacerlo son , desde que les sea comunicado, de treinta días para la aseguradora, y de ciento ochenta días para el asegurado ; y estos plazos no son prorrogables por las partes. Si no se cumplen, el interesado pierde su derecho, el dictamen es inatacable y de obligado cumplimiento para ambas partes.   Si se impugna ante el Juzgado, la aseguradora está obligada a pagar al asegurado la cantidad mínima que consideraba indemnizable (la ley reitera así la obligación de la aseguradora de pagar lo que era la propuesta inicial de indemnización, previa al inicio del procedimiento extrajudicial ) . Si no se impugna, deberá pagar en el plazo de cinco días la cantidad señalada por los tres peritos como indemnización. Si no cumple ese plazo, y se tuviera que exigir su pago por via judicial, el asegurado tendría derecho a reclamar además los intereses correspondientes (que pueden oscilar entre el interés legal anual incrementado en el cincuenta por ciento, hasta el veinte por ciento de la cantidad debida, según el tiempo de la demora) y los gastos causados por el proceso.

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confusión en marcas comerciales

LAS MARCAS Y LA CONFUSIÓN . UNA APROXIMACION INICIAL (IV).

LAS MARCAS Y LA CONFUSIÓN.  (O LO QUE NO PUEDE SER UNA MARCA)

Siguiendo con las prohibiciones absolutas de registro que establece la Ley de Marcas, tampoco podrán registrarse como marcas los signos que:

-estén constituidos exclusivamente por la forma impuesta por la naturaleza del propio producto o por la forma del producto necesaria para obtener un resultado técnico, o por la forma que da un valor sustancial al producto. Estaríamos hablando en este caso  de dibujos, diseños, logos,  que, por ejemplo, consistieran sólo en formas geométricas, sin más, y que no sirvieran para el efecto distintivo.  O en un determinado envase : cabría destacar, por ejemplo, lo curioso que resulta que casi todas las botellas de marcas de anís presentan la misma forma o diseño.

-los que sean contrarios a la Ley, al orden público o a las buenas costumbres.

-los que puedan inducir al público a error, por ejemplo sobre la naturaleza, la calidad o la procedencia geográfica del producto o servicio.

-los que aplicados a identificar vinos o bebidas espirituosas contengan o consistan en indicaciones de procedencia geográfica que identifiquen vinos o bebidas espirituosas que no tengan esa procedencia, incluso cuando se indique el verdadero origen del producto o se utilice la indicación geográfica traducida o acompañada de expresiones tales como “clase”, “tipo”, “estilo”, “imitación” u otras análogas. Esta prohibición tan concreta tiene su razón de ser por la gran importancia que en España tiene el sector vitivinícola (vinos, brandys, cavas, …). Se trataría con ella de evitar actos tendentes a engañar claramente al consumidor, intentando vender productos destacando un origen falso, para aprovecharse del buen nombre de productos que sí tienen ese origen y que seguramente están incluidos en Denominaciones de Orígen reglamentadas que exigen unos requisitos de calidad mínimos a sus miembros.

-los que reproduzcan o imiten el escudo, la bandera, las condecoraciones y otros emblemas de España, sus Comunidades Autónomas, sus municipios, provincias u otras entidades locales, a menos que medie la debida autorización.

-los que no hayan sido autorizados por las autoridades competentes y deban ser denegados en virtud del artículo 6 ter del Convenio de París (relativo a emblemas de Estado y signos oficiales).

-los que incluyan insignias, emblemas o escudos distintos de los contemplados en el artículo 6 ter del Convenio de París y que sean de interés público, salvo que su registro sea autorizado por la autoridad competente.

En estas tres últimas prohibiciones es clara la intención del legislador de evitar  que la marca o signo que se pretende registrar pueda reproducir o incorporar algún escudo, bandera, emblema, bien del Estado o de Comunidades Autónomas, Municipios, Organismos Internacionales, etc…) , y crear en el ánimo del consumidor alguna idea –falsa-  de relación entre el producto o servicio  representado por la marca y un posible carácter u origen  “Oficial” del producto o servicio.  Se reitera, pues, de forma evidente, la idea constante de evitar a toda costa que se pueda inducir a error o confusión al consumidor sobre el origen empresarial del producto. Porque una Marca debe distinguir, no confundir.

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las marcas iii

LAS MARCAS – DISTINCIÓN Y VULGARIZACIÓN. UNA APROXIMACION INICIAL (III)

LAS MARCAS DISTINCIÓN Y VULGARIZACIÓN. (O LO QUE NO PUEDE SER UNA MARCA)

En nuestro anterior artículo decíamos que para poder inscribir una Marca en el Registro de Marcas (a fin que su titular pueda gozar de los derechos que la Ley le reconoce), esa Marca debía cumplir unos requisitos mínimos para ser admitida como tal. Se trata de unos requisitos “en negativo”, que adoptan la forma de prohibiciones de registrar si la Marca o los signos que la conforman incurren en determinados “defectos”, que vienen relacionados en la Ley de Marcas, en su artículo 5.

Este precepto establece cuáles son las prohibiciones “absolutas” de registrar determinados signos marcarios. O , dicho de otra modo, determinan lo que nunca podrá ser una marca. Son de tal importancia, que la OEPM, cuando las detecte en el examen previo que debe realizar ante la solicitud presentada, denegará de oficio su inscripción.  En base a esas prohibiciones, no se podrán registrar como marcas aquellos signos que no sirvan para lo que debe ser la finalidad primordial de una marca: distinguir y diferenciar un producto de otro, evitar que el posible consumidor pueda confundirse entre productos o servicios similares. El signo que no consiga eso, no puede ser considerado –o registrado, en este caso- como Marca. El legislador pone mucho énfasis en ello, ya que esa es  la principal razón de ser de una marca.

Según la Ley, no son registrables como marca:

-signos susceptibles de representación gráfica que no sirvan para distinguir en el mercado los productos o servicios de una empresa de los de otras.

-signos que carezcan de ese carácter distintivo tan mencionado.

-los que se compongan exclusivamente de signos o indicaciones que puedan servir en el comercio para designar la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de obtención del producto o de la prestación del servicio u otras características del producto o del servicio. Un ejemplo muy sencillo de esto sería una marca de caramelos que se llamara “los caramelos de fresa” ; u otra, de vino, que se llamara “vino blanco”. Estas expresiones lo que hacen es describir el producto como tal, pero no dan idea de su procedencia u origen empresarial , y en consecuencia, no pueden ser una marca.

-los que se compongan exclusivamente de signos o indicaciones que se hayan convertido en habituales para designar los productos o los servicios en el lenguaje común o en las costumbres leales y constantes del comercio. Este es el típico caso en que una marca “ha muerto de éxito”: por ser pionera o por su gran aceptación en el mercado, el consumidor ha llegado a identificar  con el nombre o signo de la marca a todos los productos con las mismas características, y decimos que se ha “vulgarizado”. Por citar unos ejemplos : “bambas” para zapatillas deportivas , “chirucas” para calzado de montaña,  “kleenex” para pañuelos de papel, “post-it” para papel de notas adhesivas, etc…  Y por eso, algunas veces, hay empresas que cambian el nombre o la marca de alguno de sus productos,  pero manteniendo sus mismas características.  A pesar de tener preeminencia en el mercado sobre las otras marcas de productos semejantes,  no podría defender de manera efectiva ante los Tribunales su marca registrada, por haberse convertido esa marca en sinónimo del producto, de manera generalizada, pudiendo cualquiera otra empresa comercializar  un producto igual o semejante con una marca que reprodujera de forma total o parcial los signos o palabras que conforman aquella marca ya generalizada. Se intentaría evitar así  la vulgarización de esa marca.

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Las marcas ii

LAS MARCAS. UNA APROXIMACION INICIAL (II).

LAS MARCAS. UNA  APROXIMACION INICIAL (II).

En tema de Marcas, debemos partir de una premisa inicial: sólo es posible el funcionamiento correcto de un sistema de marcas si nos encontramos en un régimen de economía de mercado de libre competencia : por definición, si falta este elemento, no hay posibilidad real de distinción y de elección por parte del consumidor a quien va dirigido el producto.

Pero incluso dentro de ese ámbito de libre competencia puede haber “desviaciones” , causadas por empresarios que busquen , a través de similitudes entre los signos que componen las marcas, crear confusión en los consumidores y lograr así la adquisición de su producto, cuando en realidad el consumidor pensaba adquirir otro diferente, que es el que inicialmente tenía ya identificado en su fuero interno, por sus especiales características . También es cierto que a veces (las menos), esa confusión se crea de manera involuntaria, debido también a la gran cantidad de productos y marcas que inundan el mercado, y la imposibilidad de tener conocimiento de todas ellas.

Es para evitar esa confusión (voluntaria o involuntaria) que surge la necesidad de una normativa protectora de las Marcas.

En el artículo anterior decíamos que ya a finales del siglo XIX surgió la primera normativa internacional que intentaba dar esa protección : el Convenio de la Unión de París para la protección de la Propiedad Industrial, de 1883.  En España, la primera regulación “autónoma” de las Marcas se da en el Estatuto de la Propiedad Intelectual, de 1929, vigente hasta 1988 en que, por influencia del Derecho Comunitario, se crea la primera Ley de Marcas y que fue derogada por la vigente Ley 17/2001 de 7 de diciembre, de Marcas, adaptada a la Directiva Comunitaria 89/104/CEE , de 21 de diciembre de 1988;  y el  Real Decreto 687/2002 de 12 de julio, de desarrollo de la Ley 17/2001.

Dicha Ley formaliza la protección de la Marca a través de un sistema ya clásico como es el de la protección registral : las Marcas deberán ser inscritas en un Registro público (el Registro de Marcas, llevado por la Oficina Española de Patentes y Marcas), y cumplir una serie de requisitos de admisibilidad iniciales , para que el propietario o titular de la marca pueda ejercer los derechos que la Ley le reconoce ; que básicamente son el derecho al uso y explotación económica de la marca, de forma exclusiva; y evitar la inscripción en el Registro y la presencia en el Mercado de denominaciones, signos o marcas que puedan confundirse con la suya, con el consiguiente perjuicio patrimonial que ello le supondría , pudiendo acceder a la tutela de los Tribunales de Justicia para hacer efectiva esa protección.

La Ley de Marcas establece las bases del procedimiento administrativo para la inscripción de las Marcas y los nombres comerciales en el Registro de Marcas (que se concretan y desarrollan en el Reglamento de ejecución Real Decreto 687/2002), con especial incidencia en los requisitos de admisibilidad de los signos que se pretenden registrar como Marca (las llamadas prohibiciones de registro absolutas y las relativas). Delimita también cuál es el contenido de los derechos que otorga una marca  a su titular (transmisión por licencia, acciones judiciales, indemnizaciones,…) ; y cuándo decaen éstos (por ejemplo, por falta de uso o por caducidad registral ). Así mismo establece una clasificación de las marcas (reflejando la clasificación establecida por normativa comunitaria) según su objeto (colectivas y de garantía, además de lo que sería la marca “normal” u “ordinaria”), y por su ámbito de protección (internacionales, comunitarias, y nacionales).

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