Author Archives: Marta Tejera Rivero

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tasación de costas

La tasación de costas en nuestro ordenamiento jurídico

LA TASACIÓN DE COSTAS EN NUESTRO ORDENAMIENTO JURÍDICO

En un procedimiento judicial se producen ciertos gastos, cuyo origen directo tiene que ver con la misma existencia de dicho proceso. Ahora bien, cuando hablamos de costas nos referimos a una parte de estos gastos, que son los relacionados con los siguientes conceptos:

 

  • 1.º Honorarios de la defensa y de la representación técnica cuando sean preceptivas.
  • 2.º Inserción de anuncios o edictos que de forma obligada deban publicarse en el curso del proceso.
  • 3.º Depósitos necesarios para la presentación de recursos.
  • 4.º Derechos de peritos y demás abonos que tengan que realizarse a personas que hayan intervenido en el proceso.
  • 5.º Copias, certificaciones, notas, testimonios y documentos análogos que hayan de solicitarse conforme a la Ley, salvo los que se reclamen por el tribunal a registros y protocolos públicos, que serán gratuitos.
  • 6.º Derechos arancelarios que deban abonarse como consecuencia de actuaciones necesarias para el desarrollo del proceso.
  • 7.º La tasa por el ejercicio de la potestad jurisdiccional, cuando sea preceptiva. No se incluirá en las costas del proceso el importe de la tasa abonada en los procesos de ejecución de las hipotecas constituidas para la adquisición de vivienda habitual. Tampoco se incluirá en los demás procesos de ejecución derivados de dichos préstamos o créditos hipotecarios cuando se dirijan contra el propio ejecutado o contra los avalistas.

 

En caso de no hacer frente  a las costas la parte acreedora podrá reclamar el pago por medio del procedimiento de vía de apremio al que se llegará mediante la realización de un trámite denominado tasación de costas.

En caso de que dicha tasación de costas sea impugnada por la otra parte por considerarla excesiva o por partidas indebidas se recomienda calcular los honorarios de letrado según la escala 1 del criterio 7 de los Criterios orientadores del colegio incrementando 150 euros en caso de que se celebre vista.

Si se estima la impugnación de la tasación de costas cogeremos como base del cálculo la diferencia entre la cuantía de las partidas que hayan sido impugnadas y la fijada definitivamente en la tasación. En caso de que se desestime la impugnación de la tasación de costas, la base del cálculo será la diferencia de las partidas impugnadas y lo que la parte que impugna la tasación consideró como correcto, a menos que no se haya pronunciado, en cuyo caso se cogerá la totalidad de la partida impugnada.

Téngase en cuenta que en caso de acudir a la segunda instancia el letrado podrá minutar el 50% que correspondería en primera instancia, e incrementarlo en un 20% si llegase a celebrarse vista, hecho que hay que tener en cuenta en relación a la tasación de costas posterior y el desembolso que nos pueda suponer.

En lo que se refiere a los recursos de casación o infracción procesal ante el Tribunal Supremo podrá minutarse un 40% de lo que correspondería en primera instancia más un incremento del 20% si se celebrarse vista. En caso de no estimarse el recurso o declararse desierto, por la interposición de éste y la impugnación previa a la sustanciación del recurso se puede minutar el 20% correspondiente a la tramitación completa.

En caso de actuar ante el Tribunal Constitucional, lo recomendable es minutar la cantidad de 900 euros y por el escrito de alegaciones unos 450 euros en caso del recurso de inconstitucionalidad. En lo que se refiere a los recursos de amparo inconstitucional o conflictos negativos o de competencias se recomiendan unos honorarios de 1.500 euros incrementándose dicha cantidad en un 10% en caso de admitirse prueba. Si el recurso no se admite se aconseja minutar un 50% de lo que correspondería.

En relación al incidente de suspensión del acto administrativo de los poderes públicos por el cual se formula recurso de amparo se puede percibir un 20% de los honorarios correspondientes al recurso. En caso de incidentes sobre indemnización por casusa en daños derivados de la denegación o concesión de la suspensión del acto administrativo, se aplicará la escala correspondiente a los incidentes, es decir, la escala uno.

 

La tasación de costas se encuentra regulada en el título VII de la Ley de Enjuiciamiento civil, en los artículos 241 y siguientes.

 

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establecer honorarios del letrado

Establecer honorarios del letrado

Establecer honorarios del letrado

La Ley Omnibus (Ley 25/2009 de 22 Noviembre) prohibe la publicación de honorarios por colegios profesionales en general, aunque excepcionalmente y en el caso de los Abogados la misma Ley permite que exista dicha publicación para la Tasación de Costas y jura de costas de los Abogados en procesos Judiciales. Por tanto, aún y siendo la publicación una referencia, en algunos casos o procesos judiciales será una imposición a pagar, cuando exista condena en costas a alguna de las partes.

Para establecer honorarios del letrado se puede hacer de una forma libre pactándose con el cliente, incluso es posible pactar el abono de una cantidad o porcentaje según el resultado que haya acaecido en el pleito, si bien es cierto que existe ciertos criterios orientadores a los efectos de la tasación de costas y jura de cuentas pudiéndose utilizar para hacernos una idea o referencia de lo que podemos presupuestar.

Una cosa que se tiene que tener en cuenta al establecer honorarios del letrado es que aun siendo válido el pacto de forma verbal  lo ideal es que conste todo pacto por escrito y que se refleje el consentimiento del cliente por lo que pudiera pasar.

En caso de que al establecer honorarios del letrado excedan de una cuarta parte de la cantidad reclamada, éste debe advertir de tal circunstancia a su cliente antes de iniciar cualquier trámite. En la cantidad presupuestada estarán todas las actuaciones previstas excepto recursos e incidentes que pudieran ocurrir durante el pleito, debiéndose minutar de forma separada al resto.

Así mismo, para establecer honorarios del letrado correspondientes al caso se debe tener en cuenta varios factores como resulta obvio, como puede ser el tiempo invertido, el trabajo que finalmente se ha realizado, la complejidad del asunto, la cuantía de este o el grado de especialización entre otros.

Vayamos al fondo del asunto, para hacer el cálculo y establecer honorarios del letrado a efectos de tasación de costas o cuando haya algún tipo de conflicto existen 4 escalas, refiriéndose cada una de ellas a los tipos de procedimientos diferentes, constando en los criterios orientadores del Colegio de abogados de Barcelona correspondientes, en los de Barcelona se encuentra estipulado en el criterio 26.

Una vez tengamos claro qué escala corresponde al procedimiento que queremos presupuestar nos dirigiremos al criterio 7, en donde nos encontraremos una tabla indicando que porcentaje debemos de aplicar.

Pongamos un ejemplo que será más clarificador. Imaginemos que se trata de un procedimiento ordinario donde la cantidad reclamada son 25.000 euros.

El procedimiento ordinario es escala 4 (según criterio 26 como dijimos antes), así que cogeremos el acumulado de la cantidad de 20.000 euros que según la tabla son 4.300 euros. ¿Qué hacemos con la diferencia de 5.000 euros que nos quedan? Tendremos que aplicarle el tanto por ciento que se encuentra justamente por debajo, en este caso, el 15%, y siempre usando la misma escala, dando un resultado de 652 euros, por lo que únicamente nos queda es sumar las dos cifras.


Base: 25.000 euros

Hasta 20.000……………. 4.300 euros

A la diferencia restante (5.000 euros) hay que aplicarle 15%……………. 652 euros.

Total: 4.952 euros


Ahora bien ¿qué pasa si la cantidad a reclamar es menor de 3.000 euros?, que es la primera cifra que  aparece en la tabla. El criterio 7 nos dice que “En ningún caso el primer acumulado de cada escala se tomará como importe de los honorarios cuando el resultado de aplicar sobre la base de cálculo el porcentaje que corresponda le sea inferior, sino que este último resultado constituirá el importe de la minuta”.

Es decir, si la cantidad a reclamar son 2.000 euros en un juicio verbal (escala 3) no podemos coger como acumulado la cantidad de 600 euros que es la correspondiente a 3.000 euros sino que deberemos de calcular el tanto por ciento indicado, es decir, el 20% obteniendo como resultado la suma de 333 euros.

¿Y si no existe cantidad concreta de reclamación? Bien, en este caso, según el criterio 15, tomaremos como cantidad base la de 30.000 como regla general, sin perjuicio de lo establecido en otros criterios con determinaciones especiales según materia o procedimiento.

Cuando se trate de un procedimiento en el que exista una especial y evidente complejidad ya sea por la materia, la especialización requerida o en caso de haber pluralidad  de litigantes, entre otros aspecto,  es posible establecer honorarios del letrado incrementando la cantidad resultante en un 50% siempre justificando las circunstancia de dicha complejidad.

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La reforma del Código Penal español

La Reforma del Código Penal español LO 1/2015

La Reforma del Código Penal Español

El pasado 31 de marzo del presente año se publicó la LO 1/2015, de 30 de Marzo, por la cual se modifica el Código Penal español, modificación que supondrá la más profunda reforma del código penal desde su aprobación en 1995, evidenciándose una considerable dureza en su conjunto.

Una de las novedades de la reforma del código penal español llevada a cabo por la mencionada ley orgánica, es que se extinguen las faltas, pasando algunas de estas a ser delito, por lo que conllevaría un endurecimiento de las sanciones, o transformándose en sanciones civiles o administrativas lo que supondría un incremento en el coste de la defensa al tener que pagar las tasas judiciales correspondientes a este tipo de jurisdicciones, mientras que en la jurisdicción penal son inexistentes.

En lo que se refiere a la reincidencia en la reforma del código penal español,  se tendrá en cuenta además de las condenas impuestas en España las llevadas a cabo en otros Estados miembros de la Unión Europea.

En lo que compete a los delitos relacionados con la violencia doméstica y de género, se podrá poner la pena de libertad vigilada, así mismo las acciones que supongan alteración o el impedimento de los dispositivos cuyo fin es controlar las medidas cautelares y las penas de alejamiento se tipifican en los delitos de quebrantamiento.

Por otro lado, la reforma del código penal español eleva las penas de asesinato y homicidio, así como las penas por hurto, robo y estafa. Asimismo, se introduce el concepto de prisión permanente revisable aplicable a los delitos de asesinatos agravados, es decir, asesinatos a menores, de personalmente vulnerables, en los asesinatos múltiples, homicidios terroristas, asesinatos cometidos por bandas armadas, genocidio y crímenes de lesa humanidad. La pena de prisión permanente podrá ser revisada a petición del preso una vez haya pasado un tiempo en función de los delitos cometidos entre 25 y 35 años, lo que viene siendo una cadena perpetua en toda regla.

Por otra parte, se amplían los plazos de cancelación de antecedente penales, así en los delitos leves con condenas superiores a 3 años, el plazo de cancelación  pasa de 3 a 5 años. En los delitos graves pasa de 5 a 10 años, y en los delitos particularmente graves el plazo se puede elevar hasta los 25 años. Además, se alargan también los plazos para dar de baja las cancelaciones de los antecedentes penales en el Registro Central de Penados.

 

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Desahucio

Procedimiento de desahucio en nuestro ordenamiento jurídico

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Desahucio

En los últimos tiempos, el desahucio ha sido una de las palabras más escuchadas por la gran cantidad de éstos procedimiento que se han producido en nuestro país, pero ¿qués es el desahucio? ¿qué puede provocar el desahucio? bien,  el procedimiento de desahucio se refiere al desalojo de los inquilinos o arrendatarios de un bien inmueble para darlo en posesión del propietario legítimo.

La razón principal por la que se puede iniciar procedimiento de desahucio es por falta de pago de alguna de las rentas.

Antes de nada es aconsejable intentar llegar a un acuerdo con el inquilino y negociar para no tener que acudir a los tribunales, en caso de que no quede más remedio se iniciaría el proceso, indicando en la demanda los hechos en lo que se basa la pretensión del demandante, la petición de la resolución del contrato y la reclamación de la cantidad debida al propietario y la que se devengue hasta el momento de recuperar el bien inmueble.

Una vez admitida la demanda, el secretario judicial requerirá al deudor para que en el plazo de 10 días, desaloje el inmueble, pague al demandante, o en caso de pretender la enervación del desahucio pague la totalidad de lo adeudado al actor o lo ponga a disposición de éste en el tribunal o notarialmente o por el contrario comparezca y formule oposición por las razones por las que crea que no debe las cantidades reclamadas.

Cuando hablamos de enervación, nos referimos a la acción que dispone el inquilino de paralizar el desahucio realizando el pago total de las rentas  y demás cantidades debidas en dicho plazo, es decir, 10 días, que le concede el Secretario Judicial. Se le concede tal posibilidad siempre y cuando no la haya ejercido anteriormente y en caso de que el propietario no le ha requerido de forma fehaciente, es decir, que quede constancia mediante burofax, telegrama etc., con al menos un mes de antelación a la interposición de la demanda de desahucio.

Por otro lado, el propietario puede perdonarle todo o parte de la deuda al demandado con la condición que desaloje la vivienda de manera inmediata. Posibilidad que en ocasiones resulta práctica cuando se sabe que los ocupantes son insolventes e interesa tener a disposición el bien.

Tras la reforma llevada a cabo por la Ley 37/2011 el procedimiento de desahucio por falta de pago de rentas puede finalizar, en caso de no haber oposición, por Decreto del Secretario Judicial sin necesidad de juicio. En caso de alegarse motivos por lo que el inquilino piensa que no debe todo o parte de la cantidad reclamada, el procedimiento finalizará mediante Sentencia.

Una vez finalizado el proceso, se pasará a la ejecución mediante la entrega de llaves a la propiedad por parte del inquilino o bien mediante ejecución forzosa o lanzamiento del inquilino donde se señalará día y hora del desalojo del inmueble acudiendo normalmente la comisión judicial, la fuerza pública, un cerrajero y el demandante o su representante.

 

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