Perito Judicial
Perito Judicial, una actividad profesional de fantasía y eventual.
La figura del Perito Judicial no existe como empleado propio de la Administración de Justicia, si no esta figura es externa a la Administración Pública de Justicia y por tanto se tratan de servicios que se prestan a modo privado, al igual que otras figuras, como las de, “Procuradores de los Tribunales” o “Abogados” que aunque realizan trabajos dentro de los tribunales, estos son totalmente independientes a los Juzgados.
En nuestra actual “Ley de Enjuciamiento Civil”, “Ley de Enjuiciamiento Criminal” no podemos encontrar la terminología Perito Judicial, pues esta no se emplea dentro del contenido de los códigos nacionales, sin embargo si es cierto, que en un lenguaje vago o fútil se suele emplear dicha expresión, tanto por profesionales del mundo jurídico como por funcionarios públicos representativos del poder judicial.
Los códigos legales nacionales acostumbran a emplear la definición de “perito de parte” o “perito designado por el tribunal”, pero rara vez los códigos o legislación nacional atribuyen los servicios de profesionales externos designados por el tribunal como unos servicios oficiales o públicos del propio Estado, de hecho, cuando un perito es designado por el tribunal, este puede solicitar una provisión de fondos para realizar dichos trabajos profesionales que solicita el juzgado, siendo ello la prueba de que dichos servicios se prestan por profesionales privados al servicio de la Administración de Justicia. Art. 342.3 de la LEC.
El perito designado podrá solicitar, en los tres días siguientes a su nombramiento, la provisión de fondos que considere necesaria, que será a cuenta de la liquidación final. El Secretario judicial, mediante decreto, decidirá sobre la provisión solicitada y ordenará a la parte o partes que hubiesen propuesto la prueba pericial y no tuviesen derecho a la asistencia jurídica gratuita, que procedan a abonar la cantidad fijada en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones del Tribunal, en el plazo de cinco días.
En el caso de que no se paguen por adelantado los honorarios que solicita el “perito privado”, este estará eximido de realizar dicho servicio a la Administración de Justicia, tal y como expone el Art. 342.3 de la LEC, lo que evidencia que este no tiene ninguna obligación a prestar dicho servicio (si no le pagan), hecho que demuestra que este no es funcionario ni representa ni trabaja de forma habitual para la Administración de Justicia.
Transcurrido dicho plazo, si no se hubiere depositado la cantidad establecida, el perito quedará eximido de emitir el dictamen, sin que pueda procederse a una nueva designación.
En la anterior Ley de Enjuciamiento Civil, los peritos eran nombrados por los tribunales a través del sistema de “insaculación”, esto quiere decir, que los juzgados podían coger cualquier dato de las páginas amarillas o cualquier otra guía o publicidad de servicios profesionales, para encontrar al perito que necesitaban para cada caso.Esta dilación de los procesos para llevar a cabo la ardua tarea de los funcionarios del juzgado en tener que ir llamando o contactando con profesionales desconocidos y privados, para preguntarles si estaban o no dispuestos a actuar como peritos, ahora con la actual LEC se intenta solucionar, pues los juzgados deben contar con su propio listado de peritos ya confeccionado, pero aún y así en muchas ocasiones los juzgados han de volver a viejo método de insaculación cuando en dicha lista no encuentran al especialista deseado para una causa muy muy especifica o especializada.
Por tanto la definición de perito judicial es: Profesional externo a los juzgados y perteneciente al sector privado cual presta su servicio de forma eventual al juzgado sin ser considerado personal funcionario de la Administración Justicia, si no un profesional que actúa por cuenta propia y brinda su opinión al Magistrado/Juez y a las partes implicadas sobre aspectos en los que este es especialista.
El perito judicial o “perito designado por el tribunal” se diferencia del perito de parte en que el perito de parte es aquel que han contratado cualquiera de las dos partes de forma privada sin designa del tribunal, decimos pues, que la parte demandante o la parte demandada ha contratado por su cuenta los servicios de un perito de parte para presentarlo como prueba en defensa de sus intereses ante un juzgado.
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