Category Archives: CURIOSIDADES

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valoración catastral

VALORACIÓN CATASTRAL

VALORACIÓN CATASTRAL

Es posible que haya recibido una actualización de su valoración catastral. En este artículo se procede a explicar los conceptos básicos que debe saber sobre ello.

Por ley todos debemos declarar ante catastro de forma completa y correcta, las circunstancias físicas (obras importantes, segregaciones, etc.) y jurídicas (usufructo, propiedad, etc.) de nuestros inmuebles, de lo contrario incurriríamos en una infracción que podría oscilar entre 60 € y 6.000 €.

Hacienda pretende detectar estas situaciones irregulares, y regularizarlas con los cambios oportunos, mediante Procedimiento de regularización. Para ello se abona una tasa que sustituiría a la tasa por infracción, de ahí que le hayan podido cobrar los 60€ que se estipulan en la actualidad.

¿Por qué se hacen?

Para actualizar los valores a partir de los que se aplican impuestos como el IBI (Impuesto de Bienes Inmuebles), plusvalías, impuesto de transmisiones patrimoniales y actos Jurídicos documentados en caso de compraventas, herencias, donaciones, IRPF, etc.

¿Qué rige su valor?

La valoración catastral se efectuará mediante la aplicación de la correspondiente PONENCIA DE VALORES del municipio al que pertenezca. Documento que recoge criterios, módulos, planeamiento urbanístico y demás aspectos necesarios para tal fin. Se contempla localización, coste de ejecución material, gastos, uso, calidad, antigüedad, circunstancias de mercado, entre otros.

Es importante tener en cuenta que el valor catastral no podrá superar el de mercado, es decir, si usted no podría vender el inmueble por más de su valor catastral a un tercero (libre de cargas), su valor catastral está obsoleto y fuera de mercado, debe corregirse.

Hay 3 tipos de Ponencias de Valores según el carácter territorial, total, parcial o especial.

¿Quién las realiza?

La elaboración de las mismas las llevará a cabo la Dirección General del Catastro, directamente o a través de convenios con la Administración pública, y serán aprobados tras revisión del Ayuntamiento.

¿Cada cuánto se actualiza?

El procedimiento de valoración colectiva de bienes inmuebles podrá iniciarse de oficio o a instancia del ayuntamiento correspondiente cuando concurre:

  1. Que han transcurrido al menos 5 años, y en todo caso, 10 años desde el anterior.
  2. Que existen diferencias sustanciales entre valores catastrales y los de mercado

Es posible que se realice una valoración colectiva SIMPLIFICADA, para la que se aplica la ponencia vigente. Por ejemplo, por cambiar aprovechamiento urbanístico y/o uso, nuevas parcelas resultantes de proyectos de reparcelación, etc.

¿Por qué varía mi impuesto de IBI anualmente?

Las Leyes de presupuestos generales del Estado pueden actualizar los valores catastrales por aplicación de coeficientes según municipio y clase de inmueble respecto al año anterior, hasta una nueva ponencia.

Los urbanos, se podrán actualizar en función del año de la entrada en vigor de la correspondiente ponencia cuando concurra:

  • Que hayan trascurrido al menos 5 años desde la ponencia de valores de la última valoración colectiva
  • Existen diferencias sustanciales entre valores catastrales y los de mercado
  • Que se solicite antes del 31 de mayo del ejercicio anterior.

(Ambas tablas de coeficientes consultables en Art. 32)

Por un lado, tras las revisiones de ponencias, para no hacer la subida de impuestos demasiado agresiva, algunos Ayuntamientos aplican un coeficiente reductor al nuevo valor obtenido que se va reduciendo cada año (durante 10 años), de manera que la cuota va aumentando anualmente.

Por otro lado, los Ayuntamientos, en el marco de su autonomía de gestión, pueden establecer los tipos de gravamen, entre un tipo mínimo del 0,4 y un tipo máximo del 1,1. Este tipo puede reducirse hasta en el 0,1 durante los seis años siguientes a la revisión catastral.

Igualmente, la Ley faculta a los Ayuntamientos para aprobar una bonificación que limite el incremento individual de la cuota del IBI resultante de la revisión, de forma tal que este incremento no supere el porcentaje que decida el municipio. El período máximo de duración de esta bonificación es de 3 años.

¿Cómo se calcula la valoración catastral?

Desde PERITOS JUDICIALES BARCELONA, se comprueban las valoraciones catastrales, y si procede, se pueden realizar alegaciones para reducirlo.

Links que te pueden resultar de interés:

AYUDAS para pagar el IBI, presentando antes de final de julio de 2017

Datos públicos catastrales en este enlace.

La ponencia vigente de tu municipio

Algunas de ellas las publican aquí, de lo contrario puedes consultar al Ayuntamiento o directamente a Catastro (Gerencia Regional de Catastro de Catalunya, se ubica en Travessera de Gràcia, 58, 08006 Barcelona).

Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Catastro inmobiliario, en el territorio nacional, salvo País Vasco y Navarra que dispone de regímenes forales especiales.

Pueden consultar otras valoraciones en función de su finalidad.

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Perito Judicial

Perito Judicial

Perito Judicial, una actividad profesional de fantasía y eventual.

La figura del Perito Judicial no existe como empleado propio de la Administración de Justicia, si no esta figura es externa a la Administración Pública de Justicia y por tanto se tratan de servicios que se prestan a modo privado, al igual que otras figuras, como las de, “Procuradores de los Tribunales” o “Abogados” que aunque realizan trabajos dentro de los tribunales, estos son totalmente independientes a los Juzgados.

En nuestra actual “Ley de Enjuciamiento Civil”, “Ley de Enjuiciamiento Criminal” no podemos encontrar la terminología Perito Judicial, pues esta no se emplea dentro del contenido de los códigos nacionales, sin embargo si es cierto, que en un lenguaje vago o fútil se suele emplear dicha expresión, tanto por profesionales del mundo jurídico como por funcionarios públicos representativos del poder judicial.

Los códigos legales nacionales acostumbran a emplear la definición de “perito de parte” o “perito designado por el tribunal”, pero rara vez los códigos o legislación nacional atribuyen los servicios de profesionales externos designados por el tribunal como unos servicios oficiales o públicos del propio Estado, de hecho, cuando un perito es designado por el tribunal, este puede solicitar una provisión de fondos para realizar dichos trabajos profesionales que solicita el juzgado, siendo ello la prueba de que dichos servicios se prestan por profesionales privados al servicio de la Administración de Justicia. Art. 342.3 de la LEC.

El perito designado podrá solicitar, en los tres días siguientes a su nombramiento, la provisión de fondos que considere necesaria, que será a cuenta de la liquidación final. El Secretario judicial, mediante decreto, decidirá sobre la provisión solicitada y ordenará a la parte o partes que hubiesen propuesto la prueba pericial y no tuviesen derecho a la asistencia jurídica gratuita, que procedan a abonar la cantidad fijada en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones del Tribunal, en el plazo de cinco días.

En el caso de que no se paguen por adelantado los honorarios que solicita el “perito privado”, este estará eximido de realizar dicho servicio a la Administración de Justicia, tal y como expone el Art. 342.3 de la LEC, lo que evidencia que este no tiene ninguna obligación a prestar dicho servicio (si no le pagan), hecho que demuestra que este no es funcionario ni representa ni trabaja de forma habitual para la Administración de Justicia.

Transcurrido dicho plazo, si no se hubiere depositado la cantidad establecida, el perito quedará eximido de emitir el dictamen, sin que pueda procederse a una nueva designación.

En la anterior Ley de Enjuciamiento Civil, los peritos eran nombrados por los tribunales a través del sistema de “insaculación”, esto quiere  decir, que los juzgados podían coger cualquier dato de las páginas amarillas o cualquier otra guía o publicidad de servicios profesionales, para encontrar al perito que necesitaban para cada caso.Esta dilación de los procesos para llevar a cabo la ardua tarea de los funcionarios del juzgado en tener que ir llamando o contactando con profesionales desconocidos y privados, para preguntarles si estaban o no dispuestos a actuar como peritos, ahora con la actual LEC se intenta solucionar, pues los juzgados deben contar con su propio listado de peritos ya confeccionado, pero aún y así en muchas ocasiones los juzgados han de volver a viejo método de insaculación cuando en dicha lista no encuentran al especialista deseado para una causa muy muy especifica o especializada.

Por tanto la definición de perito judicial es: Profesional externo a los juzgados y perteneciente al sector privado cual presta su servicio de forma eventual al juzgado sin ser considerado personal funcionario de la Administración Justicia, si no un profesional que actúa por cuenta propia y brinda su opinión al Magistrado/Juez y a las partes implicadas sobre aspectos en los que este es especialista.

El perito judicial o “perito designado por el tribunal” se diferencia del perito de parte en que el perito de parte es aquel que han contratado cualquiera de las dos partes de forma privada sin designa del tribunal, decimos pues, que la parte demandante o la parte demandada ha contratado por su cuenta los servicios de un perito de parte para presentarlo como prueba en defensa de sus intereses ante un juzgado.

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consentimiento informado

CONSENTIMIENTO INFORMADO

DEFINICIÓN DE CONSENTIMIENTO INFORMADO

El  consentimiento informado se encuentra definido en el art. 3 de la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, que cita:

la conformidad libre, voluntaria y consciente de un paciente, manifestada en el pleno uso de sus facultades después de recibir la información adecuada, para que tenga lugar una actuación que afecte a su salud.

A la práctica:

El consentimiento informado es el documento que los pacientes firman aceptando riesgos ante cualquier cirugía o procedimientos sanitarios.

Por tanto, los profesionales de la sanidad deben informar claramente al paciente sobre el  procedimiento al que se somete.

La omisión del consentimiento informado o la falta de información pueden dar lugar a la correspondiente responsabilidad médica.

Los requisitos para que se puedan indemnizar dichos daños son:

  • Cuando el paciente haya sufrido un daño personal cierto y probado.
  • Que el daño sufrido sea consecuencia de la intervención médica practicada y materialización de un riesgo típico o inherente.
  • Si del riesgo finalmente materializado en daño no hubiera sido informado previamente al paciente para su consentimiento de la intervención.
  • Cuando el daño constituya una incidencia de la intervención no atribuible a la negligencia del médico o del servicio.

En las negligencias médicas no es determinante el consentimiento informado.

DERECHO  Y DEBERES DE LOS PACIENTES.

Adjuntamos una tabla resumida sobre los derechos y deberes de los pacientes.

Derechos y Deberes de los Pacientes
Derechos Deberes
Autonomía de la Persona Cuidar de la propia salud y responsabilizarse de la misma
Igualdad y no discriminación Hacer uso de los recursos sanitarios según las necesidades de salud y en función de la disponibilidad del sistema sanitario
Intimidad y  confidencialidad Responsabilizarse del uso adecuado de las prestaciones sanitarias
Información y participación de los usuarios Utilizar y disfrutar de las instalaciones y los servicios sanitarios
Prevención y promoción de la salud Mantener el respeto debido a las normas y al personal
Calidad asistencial Facilitar los datos de identificación y salud
Genética de la persona Firmar el documento en caso de negarse a las actuaciones sanitarias
Investigación y experimentación científica Aceptar el alta

Uno de los derechos que alcanza una mayor relevancia en el mundo pericial es la autonomía de la persona. El (art. 1.1 CE,) que incluye el derecho de ser informado previamente con el fin de poder dar el consentimiento informado.

El Consentimiento Informado no impide a las víctimas de negligencias médicas contratar un perito médico para reclamar sus derechos.

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