Category Archives: DERECHO CIVIL

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régimen económico matrimonial

Régimen económico matrimonial

Relaciones económicas entre los cónyuges en Cataluña (PARTE I)

Introducción: régimen económico matrimonial en cataluña

El Código Civil Catalán, en sucesivo: CCCat, dedica la Sección Segunda del Capítulo I del Título III del Libro Segundo del CCCat, a las relaciones económicas de los cónyuges que tienen su vecindad civil en Cataluña (http://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/ca-l25-2010.l1t3.html#c1s2)

Rigen dos tipos de régimen económico matrimonial en Cataluña, los cuales son: aquel régimen económico matrimonial que los cónyuges hayan convenido en los capítulos matrimoniales y el régimen económico matrimonial de separación de bienes, éste último se aplica por defecto en Cataluña, es decir; en caso de que los cónyuges no hayan establecido pactos en las capitulaciones matrimoniales, o cuando éstos capítulos devienen ineficaces, así lo establece el art. 231-10 CCCat, por tanto, el régimen matrimonial de separación de bienes, es de carácter supletorio.

La aplicación de uno u otro régimen económico matrimonial se produce desde el momento en que los cónyuges contraen matrimonio, es decir, el matrimonio per se produce efectos patrimoniales, y éste régimen patrimonial creado entre los cónyuges produce efectos ante terceros.

RÉGIMEN 1º: El régimen económico matrimonial convenido en los capítulos matrimoniales

Las capitulaciones matrimoniales se pueden adoptar en distintos momentos; antes del matrimonio o en momento posterior del mismo, con la particularidad de que si se realiza antes del matrimonio, éste se habrá de celebrar en un plazo máximo de un año, de lo contrario, caduca, y solo producen efectos a partir del momento de celebración del matrimonio.

En este tipo de régimen económico matrimonial, el contenido de las capitulaciones viene determinada por el artículo 232-13 del CCCat, en los cuales se puede determinar el régimen económico matrimonial, convenir pactos sucesorios, hacer donaciones y establecer las estipulaciones y los pactos lícitos que se consideren convenientes, incluso en previsión de una ruptura matrimonial.

Otra particularidad que tienen las capitulaciones matrimoniales es que la disposición que tienen los cónyuges sobre las mismas, son limitadas, estas limitaciones vienen dadas por las disposiciones generales y las relativas al régimen primario (contribución en los gastos familiares por parte de los cónyuges); también existe la imposición legal de cumplimiento de los requisitos establecidos en el art. 231-19 y siguientes del CCCat (contenido, capacidad, forma de las capitulaciones, los derechos adquiridos, entre otros).

Las capitulaciones matrimoniales se pueden modificar, con el consentimiento de todas las personas que los han otorgado, así como los herederos, si es el caso. Tanto las capitulaciones iniciales así como las posteriores modificaciones, deben constar en escritura pública para que sean consideradas válidas.

 

PD: En el siguiente post, de esta autora (parte II) se continuará con el segundo régimen económico matrimonial (régimen de separación de bienes)

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ANULACIÓN DEL LAUDO ARBITRAL

Anulación del laudo Arbitral

Anulación del Laudo Arbitral

Actualmente está recogida en la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje, en lo sucesivo –Ley arbitral-  y comprende desde el artículo 40 al 43.

A través de la acción de anulación se pretende que un órgano jurisdiccional declare la invalidez y deje sin efecto un laudo arbitral. Los motivos que fundamentan la pretensión de anulación están tasados en el art. 41 de la ley arbitral y el plazo para instar la anulación son dos meses, desde la notificación de fecha a fecha no hay exclusión de días inhábiles.

La institución arbitral se ha mostrado siempre como una alternativa a la Jurisdicción ordinaria, por el hecho de ser más rápida y menos costosa, para dar solución a los diferentes conflictos de intereses suscitados entre los ciudadanos, así está reconocido por la jurisprudencia.

En la actualidad, el recurso de anulación del laudo arbitral se configura como un juicio externo, limitado al control de las garantías formales, sin que puedan los tribunales entrar a analizar el fondo del asunto, y sin que dicha limitación suponga una infracción del derecho a la tutela judicial efectiva, por este motivo, la acción de anulación es diseñada por el legislador de una forma para que las partes una vez aceptada la solución arbitral, no queden despojadas de su derecho al acceso a los tribunales, de esta forma, la propia acción de anulación del laudo arbitral, se convierte en un garante del derecho a la tutela judicial efectiva reconocida por la CE en su artículo 24.1.

No se trata de una segunda instancia (apelación) en la que pueda discutirse de nuevo el fondo de la cuestión controvertida, sino que, su objeto queda limitado al análisis de los concretos motivos alegados por las partes que, siempre, deberán estar amparados por alguna de las causas establecidas en el art. 41 Ley arbitral. Además, la estimación de un recurso en apelación, la cuestión decidida queda definitivamente juzgada, en cambio, en una sentencia que estima la pretensión de anulación del laudo arbitral, la cuestión queda imprejuzgada, y si las partes así lo desean y si la naturaleza del motivo de nulidad estimado lo permite, pueden volver a plantear la cuestión ante un juez o ante un árbitro.

Resoluciones impugnables:

El laudo es firme desde que se dicta. Así ocurría bajo la vigencia de la anterior Ley de

Arbitraje de 5 de diciembre de 1988 y así es también ahora. Aunque la anterior ley utilizaba el término “recurso” para referirse a la posibilidad de anulación del laudo arbitral, no había duda de que, bajo esta denominación, no regulaba un verdadero recurso. Hay que destacar que el título VIII de la exposición de motivos de la Ley arbitral 2003 corrige esta terminología deficiente, por tanto, hay que hablar de acción de anulación, no de recurso.

El art. 40 de la Ley arbitral establece que la acción de anulación del laudo arbitral podrá interponerse contra los laudos definitivos.

En este punto podemos hacer una crítica en lo que se refiere a lo que significa una resolución definitiva y una “firme”, puesto que la definición que nos ofrece la actual LEC no encajan con el sentido que adquieren ambos términos en la Ley arbitral. Puesto que el art. 207 LEC nos dice que son resoluciones definitivas aquellas que ponen fin a la primera instancia, y son resoluciones firmes aquellas contra las que no cabe recurso alguno.

Cuando la Ley arbitral se refiere al laudo “definitivo”, laudo que pone fin a la instancia arbitral, lo único que hace es provocar un alto nivel de confusión, pues dicho laudo arbitral no es susceptible de recurso alguno. En este sentido, los tribunales han estado especialmente interesados en señalarnos que cuando hablamos de la anulación del laudo arbitral, no nos estamos refiriendo a un recurso a través del cual proceder a la revisión de unos hechos, sino que este instrumento sólo nos faculta para controlar la validez del laudo.

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