Category Archives: DERECHO EN GENERAL

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la justicia gratuita

LA JUSTICIA GRATUITA

 PRIMERA PARTE – LAS PERICIALES EN LA JUSTICIA GRATUITA y los honorarios de los peritos según la Orden JUS 419/2009 –

Ámbito de aplicación y honorarios de los peritos en la justicia gratuita

La justicia gratuita es un derecho consagrado en el Arte. 24 punto 1 y el Arte. 119 de la Constitución española de 1978, es la justicia gratuita la que estipula que

“todas las personas tienen derecho a obtener la tutela judicial efectiva sin que pueda producirse indefensión”.

En el Arte. 119 establece que la Justicia: Será gratuita cuando así lo disponga la ley y, en todo caso, respecto de quienes acrediten insuficiencia de recursos para litigar.

Así pues es normal pensar que aquella parte de un procedimiento judicial que haya obtenido el derecho de asistencia jurídica gratuita y solicité una prueba pericial está también sea gratuita para esta parte. En estos casos y en otros supuestos es el Departamento de Justicia quien asumirá los honorarios del perito.

En Cataluña los honorarios de los peritos en la justicia gratuita van a cargo del Departamento de Justicia de la Generalitat de Cataluña. La Orden que desarrolla el pago de las peritaciones Judiciales Orden JUS 419/2009, de 17 de septiembre. Aplicable a las peritaciones realizadas ante los Juzgados con sede en Cataluña y en los procedimientos que se haya reconocido el derecho de asistencia jurídica gratuita así como en el ámbito penal y aquellas peritaciones acordadas de oficio o por el juez o por el Ministerio Fiscal. También los solicitados directamente por el Ministerio Fiscal en los procedimientos de instrucción en el ámbito de la ley orgánica de responsabilidad de menores o en la fase de investigación previa en el proceso penal.

Se tiene en cuenta que los nombramientos judiciales anteriores a la fecha 1 de Enero del 2010 se rigen por la antigua circular 2/2003, de 23 de Abril, de la Dirección general de relaciones con la administración de justicia, relativa al pago de las peritaciones judiciales.

La tabla de los precios de las peritaciones en la justicia gratuita se hayan publicados en el Anexo de esta orden atendiendo a la finalidad del objeto del dictamen.

la asistencia gratuitaSegún la orden en esta tabla se incluyen todos los conceptos del servicio pericial incluidos los impuestos y todos los gastos de la peritación.

A la luz de los precios publicados en la mesa anterior, nos preguntamos;

Puede haber algún perito que después de prestar un servicio digno de peritación tenga mes gastadas o perdidas que beneficios?

¿Está la administración prestando unos servicios dignos de peritajes  con el abono de estos honorarios?.

 

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objetividad y competencia

Objetividad y competencia

Objetividad y competencia, son la clave

 

En nuestro día a día, a lo largo de nuestra vida, actuamos bajo impulsos y sentimientos. Estamos marcados por unos principios adquiridos, valores e ideologías y en consecuencia procedemos. Es muy difícil dejar todo eso a un lado, ya que es lo que  hace movernos, elegir un camino u otro, escoger comportarnos de una determinada manera en unas circunstancias concretas, tomar decisiones etc.

En el mundo pericial todo esto hay que obviarlo, apartar cualquier tipo de sentimiento, afecto, conmoción, sensiblería, es lo que es y punto, contar así con la mayor objetividad y competencia que sea posible.

En esta profesión existen dos palabras fundamentales a tener en cuenta OBJETIVIDAD Y COMPETENCIA.

Objetividad, porque al perito se le requiere para ello, para que sea objetivo, claro y que en virtud de sus conocimientos y experiencia  disipe cualquier atisbo de duda que se le haya creado a su señoría por falta de formación en  determinadas materias las cuales no le corresponde saber o entender.

Así, en el artículo 335 de la Ley de Enjuiciamiento Civil  en su apartado 2 se establece que “Al emitir el dictamen, todo perito deberá manifestar, bajo juramento o promesa de decir verdad, que ha actuado y, en su caso, actuará con la mayor objetividad posible, tomando en consideración tanto lo que pueda favorecer como lo que sea susceptible de causar perjuicio a cualquiera de las partes, y que conoce las sanciones penales en las que podría incurrir si incumpliere su deber como perito”

Como ejemplo , me remito a la sentencia del TS recurso 1814/2007 en donde se analiza la objetividad de un perito médico, el cual actuando como tal en un procedimiento judicial se extralimitó en su cometido, prescribiendo un tratamiento a la parte que había solicitado la pericial además de haber realizado el informe, prueba que, obviamente, fue impugnada por la otra parte, estimándose ésta ya que “de lo que se trata es que el perito desarrolle estrictamente el encargo profesional que se le ha encomendado evitando cualquier tipo de influencia externa”, siendo éstos unos principios de la legislación procesal que tratan de garantizar la correcta actuación de los profesionales que intervienen en el procedimiento.

Competencia, porque en el ambiente en el que actúa el perito, la persona que solicita que se haga el servicio pericial tiene mucho en juego por no mencionar el dinero invertido, por lo que lo mínimo que se puede pedir del perito es que tenga los conocimientos pertinentes y sea competente según el objeto del dictamen pericial encomendado, rechazándolo en caso contrario o haciendo saber que en alguna cuestión de algún extremo no tiene la capacidad o competencia necesaria para contestar con la toda la diligencia que le es posible.

Términos estos, objetividad y competencia, que deberían tenerse en consideración a la hora de ejercer esta profesión tan interesante y complicada por todo lo que conlleva. Así pues, objetividad y competencia son conceptos que deben ir ligados para buen desarrollo de la profesión

 

 

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las tasas judiciales

Las tasas judiciales

SUPRESIÓN DE LAS TASAS JUDICIALES ¿Y las empresas?

Con la entrada en vigor el pasado Domingo día 1 de Marzo del Real Decreto-Ley 1/2015, de 27 de Febrero, los ciudadanos ya podemos reclamar nuestros derechos e intereses legítimos ante los tribunales sin pagar las tasas judiciales que nos impusieron con la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses.

La citada ley ha sido criticada por vulnerar nuestra libertad al acceso a la Justicia y al derecho de la tutela judicial efectiva ya que impide y dificulta el acceso de quienes carecen de recursos económicos suficientes. Además, aún quedan por resolver los cinco recursos de inconstitucionalidad interpuestos por la Junta de Andalucía, la Generalitat de Cataluña, el Grupo Parlamentario Socialista, la Junta de Canarias y la Diputación General de Aragón, además de las cuestiones de inconstitucionalidad que han planteado Juzgados de lo Social de Primera Instancia, la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional y la Sala Cuarta del Tribunal Supremo.

Y si declarasen su inconstitucionalidad ¿podríamos en un futuro llegar a reclamar los importes ya pagados? Por ahora lo que estamos viendo es que las tasas judiciales son exigibles desde la presentación de la demanda y no desde su admisión. Qué lástima por todas las demandas o recursos presentados en estas últimas semanas.

Igualmente, ahora que se ha suprimido las tasas judiciales para las personas físicas en todas las órdenes e instancias judiciales hay que ir un paso más adelante y luchar por la supresión de las tasas judiciales para las personas Jurídicas. Su aplicación en este ámbito resulta una injusticia para las medianas y pequeñas empresas ya que éstas soportan el mismo tipo de gravamen que las grandes empresas, al no hacer distinción del tamaño y volúmenes de facturación entre otras cuestiones.

Por ahora vamos a ser optimistas y esperemos que pronto podamos decir que también se llegue a modificar o suprimirse para las empresas las tasas judiciales.

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ANULACIÓN DEL LAUDO ARBITRAL

Anulación del laudo Arbitral

Anulación del Laudo Arbitral

Actualmente está recogida en la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje, en lo sucesivo –Ley arbitral-  y comprende desde el artículo 40 al 43.

A través de la acción de anulación se pretende que un órgano jurisdiccional declare la invalidez y deje sin efecto un laudo arbitral. Los motivos que fundamentan la pretensión de anulación están tasados en el art. 41 de la ley arbitral y el plazo para instar la anulación son dos meses, desde la notificación de fecha a fecha no hay exclusión de días inhábiles.

La institución arbitral se ha mostrado siempre como una alternativa a la Jurisdicción ordinaria, por el hecho de ser más rápida y menos costosa, para dar solución a los diferentes conflictos de intereses suscitados entre los ciudadanos, así está reconocido por la jurisprudencia.

En la actualidad, el recurso de anulación del laudo arbitral se configura como un juicio externo, limitado al control de las garantías formales, sin que puedan los tribunales entrar a analizar el fondo del asunto, y sin que dicha limitación suponga una infracción del derecho a la tutela judicial efectiva, por este motivo, la acción de anulación es diseñada por el legislador de una forma para que las partes una vez aceptada la solución arbitral, no queden despojadas de su derecho al acceso a los tribunales, de esta forma, la propia acción de anulación del laudo arbitral, se convierte en un garante del derecho a la tutela judicial efectiva reconocida por la CE en su artículo 24.1.

No se trata de una segunda instancia (apelación) en la que pueda discutirse de nuevo el fondo de la cuestión controvertida, sino que, su objeto queda limitado al análisis de los concretos motivos alegados por las partes que, siempre, deberán estar amparados por alguna de las causas establecidas en el art. 41 Ley arbitral. Además, la estimación de un recurso en apelación, la cuestión decidida queda definitivamente juzgada, en cambio, en una sentencia que estima la pretensión de anulación del laudo arbitral, la cuestión queda imprejuzgada, y si las partes así lo desean y si la naturaleza del motivo de nulidad estimado lo permite, pueden volver a plantear la cuestión ante un juez o ante un árbitro.

Resoluciones impugnables:

El laudo es firme desde que se dicta. Así ocurría bajo la vigencia de la anterior Ley de

Arbitraje de 5 de diciembre de 1988 y así es también ahora. Aunque la anterior ley utilizaba el término “recurso” para referirse a la posibilidad de anulación del laudo arbitral, no había duda de que, bajo esta denominación, no regulaba un verdadero recurso. Hay que destacar que el título VIII de la exposición de motivos de la Ley arbitral 2003 corrige esta terminología deficiente, por tanto, hay que hablar de acción de anulación, no de recurso.

El art. 40 de la Ley arbitral establece que la acción de anulación del laudo arbitral podrá interponerse contra los laudos definitivos.

En este punto podemos hacer una crítica en lo que se refiere a lo que significa una resolución definitiva y una “firme”, puesto que la definición que nos ofrece la actual LEC no encajan con el sentido que adquieren ambos términos en la Ley arbitral. Puesto que el art. 207 LEC nos dice que son resoluciones definitivas aquellas que ponen fin a la primera instancia, y son resoluciones firmes aquellas contra las que no cabe recurso alguno.

Cuando la Ley arbitral se refiere al laudo “definitivo”, laudo que pone fin a la instancia arbitral, lo único que hace es provocar un alto nivel de confusión, pues dicho laudo arbitral no es susceptible de recurso alguno. En este sentido, los tribunales han estado especialmente interesados en señalarnos que cuando hablamos de la anulación del laudo arbitral, no nos estamos refiriendo a un recurso a través del cual proceder a la revisión de unos hechos, sino que este instrumento sólo nos faculta para controlar la validez del laudo.

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