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Ayuda económica para empleadas de hogar. COVID-19

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¿En que consiste la ayuda?

Este 2 de abril entra en vigor el Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19.

Se trata de un “subsidio lo podrán solicitar las empleadas si se quedan sin empleo o si ven reducidas sus horas de trabajo. Además, es compatible con el mantenimiento de una parte de la actividad laboral”, tal y como lo ha explicado la Sra. Nadia Calviño, vicepresidenta tercera del y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital.

Requisitos (Art. 30.1):

  • Estar dada de alta en la S.S. (seguridad social) como empleada en el servicio de hogar familiar en el momento de declaración del estado de alarma, es decir, en fecha 14 de marzo de 2020.
  • Haber dejado de prestar servicios total o parcialmente por causa del COVID-19.
  • Estar en situación de desempleo por motivo del COVID-19.

¿Cómo solicitarlo?

El organismo encargado de la gestión es el S.E.P.E (Servicio Público de Empleo Estatal). Aún está pendiente de habilitar el medio para poder presentar la solicitud y documentaciones.

El trámite deberá hacerse telemáticamente/online debido al confinamiento por declaración del estado de alarma.

Documentaciones necesarias

Las documentaciones que son necesarios serán:

  • El formulario de solicitud de la ayuda: lo tendremos cuando S.E.P.E. ponga a disposición,
  • D.N.I. o N.I.E.,
  • según el caso: a) declaración responsable firmada por la persona empleadora; b) la carta de despido o la baja de la S.S.

Plazo de presentación de la solicitud

Debido a que estamos ante una situación extraordinaria, estos plazos no tienen fecha de caducidad y así establece el Real Decreto-ley por la que se declara el estado de alarma.

Esto quiere decir, que todo derecho a cobro que nace con motivo del COVID-19 no prescribirán, al menos mientras se mantenga la situación extraordinaria.

Cómo acreditar el cumplimiento de los requisitos (Art. 30.2):

En el caso de suspensión del contrato por motivo del COVID-19, se deberá acreditar el cumplimiento del requisito con una remisión de “declaración responsable” del empleador o empleadores y firmada por éstos.

En el caso de despidos, podrá acreditarse por medio de:

  • carta de despido,
  • comunicación del desistimiento de la empleadora o empleador, o
  • baja en el Sistema Especial de Empleados del Hogar del Régimen General de la Seguridad Social.

Cuantía del subsidio (Art. 31)

Para el cálculo de la cuantía se tomará en cuenta la base reguladora. Esta base la podemos encontrar en la nómina.

Para calcular la base reguladora diaria debemos tener en cuenta la base de cotización del mes de febrero 2020 y dividirlo por 30.

En caso de realización de varios trabajos, los cálculos se realizarán individualmente por cada trabajo realizado, es decir, 70% base reguladora de cada uno de los distintos trabajos.

La cuantía subsidio será el resultante del 70% de la base reguladora hasta el límite del S.M.I*

*Salario Mínimo Interprofesional mensual: 950€ (se excluyen las pagas extraordinarias)

Si la suspensión del trabajo es parcial, el calculo se hará de forma proporcional al tiempo no trabajado por causa del COVID-19.

¿Cuándo se percibirá el subsidio? (Art. 31.4)

Se percibirá por periodos mensuales, desde el 14 de marzo de 2020 o dependiendo de la situación del trabajador desde la fecha que se establezca en la declaración responsable o fecha de baja en la seguridad social hasta la fecha de finalización del estado de alarma.

Compatibilidad o no con otras ayudas (Art. 32)

El subsidio será compatible con otras percepciones salariales por trabajo cuenta ajena y autónomo siempre y cuando no supere el S.M.I.

Si el trabajador estuviera percibiendo cuantía económica por incapacidad temporal (bajas) o estuviera en situación de permiso retribuido recuperable no tendrá derecho a percibir este subsidio.

 

SUBSIDIO DE DESEMPLEO EXCEPCIONAL POR FIN DE CONTRATO TEMPORAL. ART. 33.

En el caso de que el trabajador tuviera un contrato temporal de duración de dos meses mínimo, cuya fecha de finalización ocurre en fecha posterior al 14 de marzo de 2020 sin que cotice lo suficiente para acceder a la prestación o subsidio ordinario y carece de rentas, también podrán optar por el subsidio que aquí se detalla.

Estos contratos temporales de duración mínima de dos meses podrán ser:

  • contratos temporales de duración determinada
  • interinidad
  • formativos y,
  • de relevo

Este subsidio de desempleo excepcional no es compatible con la percepción de:

  • renta mínima
  • renta de inclusión
  • salario social y,
  • otras ayudas análogas percibidas de las Administraciones Pública

La cuantía de la ayuda es del 80% del I.P.R.E.M*

*Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples: 497,01 euros

La duración de esta ayuda es de un mes, ampliable en caso de determinarse así por el Real Decreto-ley.

 

Si necesita más información, estaremos encantados de ayudarte en el asesoramiento mediante el correo electrónico que ponemos a vuestra disposición: abogada@febeayala.com

Puede consultar el RD-ley en el siguiente enlace: https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4208

 

 



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consultoría

Como solicitar prestación por cese de actividad de autónomos (COVID-19)

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El Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, publicado en el BOE el 18 de marzo, fija una prestación extraordinaria por cese de actividad con ocasión de la crisis sanitaria del COVID-19.

ENCARGADO DE LA GESTIÓN

El encargado de la gestión es la MUTUA correspondiente que ha elegido el autónomo en el momento de darse de alta.

REQUISITOS

Los requisitos generales se establecen en el R.D-l. No obstante, la mutua puede solicitar las documentaciones que consideren oportunas, los cuales deberán ser lógicas y adecuadas para el momento en que estamos atravesando.

Los requisitos generales son:
  • Estar afiliados y en alta como autónomos en la S.S. (Seguridad Social), en la fecha de la declaración del estado de alarma, esto es, 14 de marzo de 2020.
  • La actividad del autónomo debe verse directamente suspendida en virtud de lo previsto en el Real Decreto-l 463/2020 y las modificaciones introducidas por el 465/2020.
  • Si las actividades no están incluidas en los R.D-l. enunciados, acreditar la reducción en el volumen de facturación en un 75% en relación con la del semestre anterior.
  • Estar al corriente del pago de las cuotas de la Seguridad Social.

*En el caso de que el autónomo se encuentre en deuda ante la S.S. por su cuota, se otorgará al mismo un plazo de 30 días para que regularice su situación al 100%, en cuyo caso podrá acceder a la prestación extraordinaria.

Nota importante:

No será necesario darse de baja de la Seguridad Social ni de hacienda (modelo 036 o 037) para acceder a esta prestación extraordinaria.

COMO SOLICITARLO

Se inicia con un formulario de solicitud que la MUTUA en la que ha sido dada de alta el autónomo facilita.

Se aportan una serie de documentaciones que exige la MUTUA.

A modo de ejemplo ponemos lo que solicita ASEPEYO:

  • Solicitud rellenada y firmada (la facilita la mutua para rellenar)
  • Copia del D.N.I. del autónomo
  • Ultima 3 cuotas abonadas a la S.S.
  • Certificado de titularidad de la cuenta bancaria
  • Declaración jurada (la facilita la mutua para rellenar)
  • Modelo 145 (la facilita la mutua para rellenar)

Los formularios deben facilitarlo la propia MUTUA correspondiente en su página web.

Deberán enviarse al correo que éstos indiquen.

CUANTÍA Y DURACIÓN DE LA PRESTACIÓN
La prestación consistirá en:

El 70% de la base reguladora, calculada de conformidad con lo previsto en el artículo 339 de la Ley General de la Seguridad Social, aprobada mediante Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre.

En caso de no acreditarse el periodo mínimo de cotización para tener derecho a la prestación, la cuantía de la prestación será equivalente al 70% de la base mínima de cotización de los autónomos (cuenta propia y/o trabajadores del mar)

La percepción no es compatible con otra prestación por parte de la S.S.

La duración de la prestación será:

Un mes desde la declaración del estado de alarma. En caso de que éste se prorrogue, hasta la fecha de finalización (si fuese superior al mes)

Nota importante:

Durante el tiempo que dure el estado de alarma, lo que se traduce al tiempo de la prestación extraordinaria, el autónomo no tendrá obligación de cotizar a la S.S. No obstante, será considerado como cotizado en base a lo establecido por el art. 17 del RD-ley 8/2020.

Si la S.S. ya ha emitido la remesa de cobros, es posible que el cobro de la cuota de la S.S. se vea reflejada en el banco, no obstante, esto no debe preocuparle puesto que a posteriori se efectuarán regularizaciones en las cotizaciones, con la consiguiente devolución de las cuotas cobradas a los autónomos.

Estas devoluciones se realizarán automáticamente por la seguridad social, sin que el autónomo tenga que hacer trámite alguno.

OTRAS CONSIDERACIONES

Además de las personas descritas en párrafos preferentes, tienen derecho de acceso a la prestación los siguientes autónomos:

  • socios trabajadores de las cooperativas de trabajo asociado.
  • con tarifa plana (no perderían su bonificación)
  • societarios


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Okupar viviendas es legal en Cataluña

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Definición de “vivienda vacía”

En fecha 31 de diciembre de 2019 entró en vigor el Decreto Ley 17/2019, de 23 de diciembre, de medidas urgentes para mejorar el acceso a la vivienda.

Este Decreto Ley fue aprobado con los votos a favor de UNIDAS PODEMOS, JXCat, ERC y la CUP.

Ciudadanos y el PP han votado en contra y el PSC se ha abstenido.

Posteriormente ha sido modificado por el Decreto Ley 1/2020, de 21 de enero, convalidado el 4 de marzo de 2020 y que modifica la definición de “vivienda vacía”  de la siguiente forma:

Vivienda vacía: la vivienda que permanece desocupada permanentemente, sin causa justificada, por un plazo de más de dos años. A este efecto, son causas justificadas el traslado por razones laborales, el cambio de domicilio por una situación de dependencia, el abandono de la vivienda en una zona rural en proceso de pérdida de población y el hecho de que la propiedad de la vivienda sea objeto de un litigio judicial pendiente de resolución. La ocupación sin título legítimo no impide que se pueda considerar vacía una vivienda.

Con el “alquiler social” se fomenta la Legalidad de la ocupación.

Con el nuevo Decreto Ley 17/2019 y cuando la vivienda ocupada pertenezca a grandes tenedores de vivienda, los okupas tendrán derecho a recibir un contrato de alquiler social .

El contrato de alquiler social limita la renta de alquiler al 18% de la renta familiar del inquilino, de esta forma, si el inquilino tiene un salario de 1500 euros, la cuota mensual de alquiler no podrá ser superior a 270 euros.

Este 18%, en algunos casos será reducido al 10% cuando la renta del inquilino sea muy baja, por ejemplo si el inquilino declara solo 500 euros, su renta de alquiler no será superior a 50 euros mensuales.

Por tanto si el inquilino o el okupa no cobra ni declara ningún ingreso, deducimos, que no pagará nada al propietario, por lo que la cuota de alquiler será totalmente GRATIS, por tanto:

Cuando los ingresos mensuales de un okupa sean cero euros y el propietario sea “gran tenedor de vivienda”, el OKUPA no abonará ninguna cuota de alquiler, pudiendo vivir GRATIS en la vivienda ocupada hasta un tiempo de siete años.

Existe una excepción, y es que, por suerte, el Decreto Ley permite a los propietarios particulares eximirse de la obligación de ofrecer “contratos de alquiler social” a los okupas, siempre que estos particulares tengan menos de 15 propiedades.

Valga la redundancia, la entidades financieras, inmobiliarias y empresas SIEMPRE tendrán que ofrecer contratos de “alquiler social” a los OKUPAS.

Perjuicio a los propietarios

Con la nueva definición de vivienda vacía, la Generalitat de Cataluña podrá seguir cobrando impuestos de “vivienda vacía” a los propietarios afectados de okupas dentro de su vivienda.

El Decreto Ley 17/2019 cataloga a algunos propietarios como “grandes tenedores de vivienda“, cuando estos son:

  1. Entidades financieras e inmobiliarias
  2. Empresas propietarias que alquilan mas de 1250 metros cuadrados
  3. Particulares con mas de 15 propiedades

Volviendo al hilo, y principio del blog, una “vivienda vacía” a efecto contractual genera los siguientes perjuicios a su propietario:

  1. Se puede expropiar al propietario de su vivienda en cuanto a su uso temporal o a su dominio valorándose la propiedad al 50% de su precio.
  2. Se le obliga al propietario a reducir su renta de mercado a la de las circunstancias del “alquiler social” que establece el Decreto Ley a favor del okupa o inquilino.

El contrato de alquiler social tendrá una duración de 5 años cuando los propietarios sean particulares con mas de 15 viviendas y 7 años cuando los propietarios sean empresas.

Perjuicio al libre mercado e inversores inmobiliarios

También se incluye en Decreto Ley la obligación de que los promotores inmobiliarios tengan que entregar desde el 40 hasta el 50% del suelo que compren para construir a la administración.

Con estos porcentajes tan elevados es la propia administración está dando lugar al encarecimiento de los precios de mercado de vivienda nueva.

Es difícil de creer la hipótesis planteada en el Decreto Ley, conforme la administración dedicará dicho 40-50% del suelo que se apropia, a usarlo para construir viviendas de protección oficial.

Nuevos modelos de contrato de alquiler

El Gobierno de la Generalitat advierte con multar a TODOS los propietarios de viviendas con multas de hasta 9.000 euros, por no informar a sus inquilinos de los precios de referencia de alquiler a la hora de realizar un contrato de alquiler, para ello la Generalitat pública un modelo de contrato a usar obligatoriamente en todos los contratos de alquiler.

También en los contratos de alquiler se deberá hacer constar que la vivienda arrendada pertenece o un “gran tenedor de viviendas” cuando el propietario así esté catalogado, con esto el inquilino podrá ejercer su derecho de “alquiler social” hasta 7 años, en caso de no poder hacer frente a las rentas de arrendamiento.

Otra característica de los nuevos contratos de arrendamiento, es que para que este sea registrado en el deposito de finanzas (INCASOL en Cataluña), deberá incluir los siguientes datos:

a) La situación de la finca arrendada, que tiene que incluir la dirección postal, la titularidad, la referencia catastral, el año de construcción, el año y el tipo de reforma, si procede, la superficie construida de uso privativo por usos, la cédula de habitabilidad y el certificado de eficiencia energética.

b) La identificación de las partes contratantes, que tiene que incluir los domicilios respectivos a efectos de practicar las notificaciones.

c) Las características del contrato, que tiene que incluir la fecha de formalización, la duración, la renta, el sistema de actualización de la renta, las garantías adicionales a la fianza, el pago de los suministros básicos y si la finca se alquila amueblada o no.

d) El importe de la fianza y la fecha de depósito.

e) Los otros datos que, para elaborar el Índice de referencia de precios de alquiler de viviendas, se determinen por orden del consejero o consejera del departamento competente en materia de vivienda.

Conclusiones Relativas al Decreto 17/2019

  1. Ha sido aprobado por Unidas Podemos, JxCat, ERC y la CUP
  2. Se ha opuesto a su aprobación Ciudadanos y PP
  3. Se ha abstenido en la votación el PSC
  4. Este Decreto Ley fomenta la ocupación de viviendas vacías en Cataluña.
  5. Expropia al propietario de su derecho de uso temporal y dominio de la vivienda infravalorando su propiedad al 50%.
  6. Perjudica al sector de la inversión y crecimiento inmobiliario en Cataluña.
  7. Atenta contra la competencia del libre mercado inmobiliario de alquiler al obligar a hacer constar “precios de referencia” en contratos privados.
  8. Bloquea iniciativas inversoras en suelo inmobiliario.

 



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BREXIT. Salida del Reino Unido de la Unión Europea

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BREXIT

SALIDA DEL REINO UNIDO DE LA UNIÓN EUROPEA

Febrero 2020

 

I.- ANTECEDENTES:

En el año 2017, concretamente el 29 de marzo Reino Unido, en adelante -RU- notificó oficialmente al Consejo Europeo su intención de abandonar la Unión Europea, en lo sucesivo, -UE-.

Tras dicho notificado, se abrió un plazo de negociación entre el RU y la UE para lograr un acuerdo que pueda beneficiar amabas partes. El objetivo del acuerdo es el menor menoscabo posible de los derechos adquiridos.

El plazo fijado para intentar llegar al acuerdo fue de 2 años.

Se presentó dos propuestas de acuerdo de retirada, el primero en fecha 25 de noviembre del año 2018 y el segundo el 17 de octubre del 2019. El primero ha sido rechazado por el Parlamento de RU y el segundo fue aprobado por el referido Parlamento en fecha 23 de enero del corriente año.

Consecuencia de la aprobación del acuerdo de retirada, RU se retira definitivamente de la UE el pasado 31 de enero de 2020. Se fijó un periodo transitorio que va desde el 1 de febrero hasta el 31 de diciembre de 2020 (con posibilidad de prórroga).

Este periodo significa que los ciudadanos del RU residentes en España mantienen sus “derechos adquiridos” durante este periodo de transición, hasta llegar a un acuerdo entre RU y España. Actualmente, RU ya es un país no integrante de la UE, la conocida comúnmente como “tercer país”.

Ante esta situación ya consolidada muchas personas se preguntan en que situación quedan los ciudadanos de RU en España. Abarca desde la situación administrativa (de residencia), seguridad social, tráfico entre otros. Este artículo únicamente abarcará la cuestión descrita.

II.- SITUACIÓN DE RESIDENCIA y DERECHOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL:

Situación de residencia:

Si el ciudadano de RU o familiar de éste residente en España y se han registrado como ciudadano de la UE antes de la fecha de retirada y  el periodo de transición y/o prórroga, sus derechos adquiridos se mantendrán hasta la expiración del periodo de transición.

No obstante lo anterior, este derecho no es absoluto, es decir, habrán cosas que los ciudadanos del país saliente no podrán hacer como cuando RU formaba parte de la UE, pero no son primordiales, por lo que aquí no ahondaremos en ello.

Véase acuerdo de retirada que lo podrán consultar en la página web de la Comisión Europea

Tras el periodo transitorio y/o su prórroga efectivamente no mantendrán los ciudadanos los mismos derechos como si de un miembro de la UE se tratase. Sin embargo, hay que tener en cuenta de que el acuerdo de retirada prevé que se mantengan ciertos derechos consolidados tras la salida definitiva.

Relación con la Seguridad Social:

Llegado el fin del periodo transitorio y/o su prórroga, el ciudadano del RU no perderá sus derechos de residencia y trabajo y por ende los beneficios de la seguridad social española.

Asimismo, si los ciudadanos del RU y sus familiares se arraigan en España durante el periodo transitorio y/o su prórroga, también se beneficiarán de lo establecido en el acuerdo de retirada en la medida que éste lo permita.

Situación tras fin de periodo transitorio:

Muchas de las personas se preguntan qué pasará con ella o sus familiares británicos una vez finalice el periodo transitorio y/o su prórroga. La única certeza que tenemos al respecto es que pasarán a serles aplicado lo establecido en la ley de extranjería régimen general, aplicable a todo “tercer país”

Para conocer certeramente en que posición real estarán los ciudadanos del RU en España habrá que esperar a la ratificación del nuevo acuerdo que regule la relación futura tras la expiración del periodo transitorio y/o su prórroga.

Es posible que se firmen nuevos acuerdos o convenios que mejore (nunca empeore) las relaciones entre RU y España respecto de la ley de régimen general de Extranjeria.

Un ejemplo que traemos a colación oportunamente es Suiza, un país no perteneciente a la UE pero si parte integrante del acuerdo Schengen, que tiene muchos beneficios para los ciudadanos de ese país y la UE.

III.- DIRECCIÓN GENERAL DE TRÁFICO:

Permisos de circulación de RU en vigor durante el periodo transitorio:

Otra de las preguntas que más resuena es qué pasará con los permisos de conducción de los ciudadanos de RU en España.

La respuesta es igual que lo ya explicado en párrafos precedentes, es decir, los permisos de conducción válidos y en vigor hasta la fecha de expiración del periodo transitorio y/o su prórroga, en su caso, tendrán plena validez.

Sin embargo, finalizado el periodo transitorio o su prórroga, les será aplicado la normativa vigente y aplicable a “terceros países” sobre el permiso de circulación en España.

Permiso de circulación del RU tras el periodo transitorio:

La salida de Reino Unido con acuerdo de retirada implica que la normativa europea sobre permisos de conducción continuará aplicándose hasta el final del periodo transitorio previsto el 31 de diciembre de 2020.

Si bien es cierto, que se prevé en el acuerdo que con los permisos de circulación expedido por el RU se podrá circular en España durante seis meses desde la fecha de entrada en España.

Es altamente recomendable que los titulares del permiso de circulación emitido por RU sean canjeados por el permiso de circulación español cuanto antes. En todo caso, antes de la finalización del periodo transitorio y/o prórroga para no verse desprevenidos en este asunto.

Pueden pedir más información sobre el trámite en la siguientes direcciones: Sede electrónica de la Dirección General de Tráfico; Portal web de la Dirección General de Tráfico

IV.- TRÁNSITO O VIAJE DENTRO DE PAÍSES DE LA UE:

Aún a riesgo de parecer reiterativo, los ciudadanos del RU seguirán disfrutando de las mismas condiciones de viaje en todos los países de la UE que como cuando pertenecían a la unión, esto es,  durante el periodo transitorio y/o su prórroga.

Esto quiere decir que únicamente necesitará llevar su pasaporte en vigor o su documento de identidad válido sin que sea preciso solicitar un visado durante el tiempo referido.

Una vez finalizado este periodo de transición o su prórroga, en su caso, los ciudadanos del RU deberán atenerse al nuevo acuerdo adoptado entre los países partes.

V.- DOCUMENTACIONES RELACIONADAS DE INTERÉS:

Acuerdo sobre la retirada del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte de la Unión Europea y de la Comunidad Europea de la Energía Atómica (2019/C 384 I/01)

Texto revisado de la Declaración Política que establece el marco de la futura relación entre la Unión Europea y el Reino Unido

 

VI.- INFORMACIONES IMPORTANTES DEL CONSEJO EUROPEO (artículo 50):

10/1/2020 Protección de datos de carácter personal

16/1/2020 Cooperación policial y cooperación judicial en materia penal

20/1/2020 Movilidad (incluida cooperación judicial en materia civil)

 

Si tiene cualquier duda sobre su situación administrativa o legal en España, no dude en contactar con nosotros al correo febe@perito.biz o gestoria@aybe.barcelona Estaremos encantados de atenderle.

Si lo desea, también puede visitar nuestra web https://perito.biz/ o https://aybe.barcelona/



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