Category Archives: PRECIOS – HONORARIOS

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criterio honorarios abogados

La CNMC prohibe el criterio de honorarios de abogados.

Desde fecha 8 de marzo de 2018 la CNMC (comisión nacional de los mercados y la competencia) ha prohibido el uso de los criterios orientadores de honorarios de abogados.

La resolución Expte. S/DC/0587/16 COSTAS BANKIA no solo prohíbe, si no además sanciona a nueve colegios de abogados de toda España.

La resolución de la CNMC con el caso BANKIA, nos hace entender que existía un “enriquecimiento injusto” para las partes vencedoras de los litigios contra BANKIA, dado que las partes vencedoras en los litigios que no habían pagado las costas de sus abogados según “criterios orientativos”. BANKIA denuncia que dichos clientes se beneficiaban después en un resarcimiento en costas de honorarios conforme al “criterio de honorarios” que dichos clientes no habían pagado, no siendo los “criterios orientadores” orientaciones a precios reales de mercado, si no que eran “precios” o “baremos” que no eran acordes al trabajo real de los abogados vencedores ni tampoco acorde a los precios reales de mercado que habían pagado dichos servicios de abogados, ya que el trabajo de dichos abogados muchas veces se realizaba sobre plantillas de demandas, que no acreditaban apenas labor por los abogados vencedores.

El pago de dichas costas recaían sobre la parte vencida BANKIA, que ha sido quien ha denunciado el incumplimiento de los colegios de abogados ante la CNMC, fundamentándose en el art. 1 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia que, no se centra en el enriquecimiento injusto de la parte vencedora si no en la “conducta colusoria” de los colegios profesionales, según el citado art. 1 de la LDC:

Artículo 1. Conductas colusorias.

1. Se prohíbe todo acuerdo, decisión o recomendación colectiva, o práctica concertada o conscientemente paralela, que tenga por objeto, produzca o pueda producir el efecto de impedir, restringir o falsear la competencia en todo o parte del mercado nacional y, en particular, los que consistan en:

a) La fijación, de forma directa o indirecta, de precios o de otras condiciones comerciales o de servicio.

b) …

El Ilustre colegio de la abogacía de Barcelona (ICAB) ha recurrido la resolución de la CNMC, ya que este entiende que la resolución de la CNMC es contradictoria a la

Disposición Adicional 4ª de la Ley 2/1974, de 13 de febrero, sobre Colegios Profesionales, que establece que “los colegios podrán elaborar criterios orientativos a los exclusivos efectos de la tasación de costas y de la jura de cuentas de los abogados” así como que “serán igualmente válidos para el cálculo de honorarios y derechos que corresponden a los efectos de tasación de costas en asistencia jurídica gratuita”.

No obstante, el motivo de la sanción de la CNMC radica en que los nueve colegios han difundido los “criterios orientadores” de honorarios profesionales de abogados, como si fuesen “baremos” y no como “criterios”, es decir, los colegios han publicado “precios de mercado” y no “criterios”, ya que la resolución de la CNMC dice así:

“A este respecto debe matizarse que la DISPOSICIÓN ADICIONAL CUARTA de la Ley 2/1974 hace referencia a “criterios” orientativos y no a “baremos” orientativos, debiendo entenderse como criterio orientativo el conjunto de elementos que han de tenerse en cuenta para la tasación de costas y de la jura de cuentas de los abogados, y no el resultado cuantitativo de aplicar dichos criterios en cada caso concreto, que sería el precio u honorario”.

 

Conforme a lo expuesto, el Ilustre Colegio de la Abogacía de Barcelona (ICAB) ha creado las siguientes PAUTAS BÁSICAS, para las tasaciones de costas y jura de cuentas:

PAUTAS BÁSICAS APLICABLES EN MATERIA DE CRITERIOS ORIENTADORES DE HONORARIOS PROFESIONALES, A LOS EXCLUSIVOS EFECTOS DE LA TASACIÓN DE COSTAS Y JURA DE CUENTAS:

PRIMERA.- A efectos de la jura de cuentas, los honorarios a cargo del cliente serán los pactados.

En cuanto a las costas, se estará al pacto sobre honorarios suscrito por la parte favorecida en costas siempre que se acredite que el pacto es anterior al inicio de la actuación profesional en sede jurisdiccional. No obstante, si el importe resultante no es razonable o proporcionado a criterio de esta Corporación, o si el pacto no tiene contenido económico o consiste en las mismas costas, se estará a lo que resulte de las dos pautas siguientes.

 

SEGUNDA.- En defecto de pacto sobre honorarios aplicable o cuando el mismo no sea razonable a criterio de este Corporación, serán de aplicación supletoria de forma conjunta: el resultado del proceso, es decir la suma de las pretensiones o la condena, si las hay; la cuantía procesal, sea determinada o indeterminada, salvo que el interés económico sea muy diferente; el tipo de procedimiento o de actuación profesional, según sea un procedimiento estándar con una única fase probatoria oral o escrita, o uno más o menos simplificado; el tiempo dedicado al procedimiento en todo lo que sea inferior o superior a lo habitual según el procedimiento; así como el grado de dificultad, entendido como el carácter novedoso de la materia, la relevancia de los aspectos procesales, la dificultad de las acciones ejercitadas, el volumen de las actuaciones de carácter no reiterativo, el número de litigantes o circunstancias análogas.

 

TERCERA.– Salvo que se declare la temeridad del condenado en costas, a las tasaciones de costas se deberá atender al límite del tercio de la cuantía procesal sumando todas las costas, de acuerdo con el art. 394.3 de la LEC.

 

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PRESUPUESTO DE OBRA CIVIL

Siempre que un profesional tiene que cuantificar el coste de un trabajo a realizar es necesario realizar un presupuesto para que el cliente conozca cual va a ser el coste para realizar la labor solicitada.

En el ámbito de servicios se les suele denominar proformas e indican los precios de los ítems que se quieren adquirir.

En el caso de obras civiles dentro del expediente técnico tenemos varios documentos: memoria descriptiva, especificaciones técnicas, presupuesto, relación de insumos, análisis de precios unitarios, cronograma de Gantt y lógicamente los planos de obra.

Nos centraremos en el presupuesto de obra.

Para ejecutar un correcto presupuesto debemos de conocer los siguientes aspectos:

  1. Lectura e interpretación de los planos de obra aprobados.
  2. Definición de las partidas de la manera mas especifica posible.
  3. Metrados o cantidades de las mismas.
  4. Definición de los materiales necesareos para ejecutar cada partida.
  5. Cotización de los precios de cada subpartida.
  6. Definición de costes indirectos (Gastos generales y Utilidades).

Una vez tengamos claros estos aspectos se realiza el presupuesto en el software que dispongamos que variará del país donde trabajemos: en España: TCQ y en Perú: S10

Es importante remarcar que cada partida del presupuesto esta desglosada en 3 partes:

  • Mano de obra
  • Materiales
  • Herramientas

La suma de los %, rendimientos y precios de cada una definirán el precio global a multiplicar por el metrado calculado.

Es un punto de suma importancia conocer las especificaciones técnicas de proyecto, precios actualizados puestos en obra y un metrado lo mas real posible para ajustar el presupuesto.

De esa manera nuestra propuesta será lo mas competitiva posible, asegurando un buen trabajo. Lógicamente, es aplicable a cualquier servicio que se ofrezca y debe de incluir las 3 partes. Materiales, Mano de Obra y Herramientas, sean de manera proporcional o desglosadas y asi evitar adicionales.

Hasta la próxima.

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Perito Judicial

Perito Judicial

Perito Judicial, una actividad profesional de fantasía y eventual.

La figura del Perito Judicial no existe como empleado propio de la Administración de Justicia, si no esta figura es externa a la Administración Pública de Justicia y por tanto se tratan de servicios que se prestan a modo privado, al igual que otras figuras, como las de, “Procuradores de los Tribunales” o “Abogados” que aunque realizan trabajos dentro de los tribunales, estos son totalmente independientes a los Juzgados.

En nuestra actual “Ley de Enjuciamiento Civil”, “Ley de Enjuiciamiento Criminal” no podemos encontrar la terminología Perito Judicial, pues esta no se emplea dentro del contenido de los códigos nacionales, sin embargo si es cierto, que en un lenguaje vago o fútil se suele emplear dicha expresión, tanto por profesionales del mundo jurídico como por funcionarios públicos representativos del poder judicial.

Los códigos legales nacionales acostumbran a emplear la definición de “perito de parte” o “perito designado por el tribunal”, pero rara vez los códigos o legislación nacional atribuyen los servicios de profesionales externos designados por el tribunal como unos servicios oficiales o públicos del propio Estado, de hecho, cuando un perito es designado por el tribunal, este puede solicitar una provisión de fondos para realizar dichos trabajos profesionales que solicita el juzgado, siendo ello la prueba de que dichos servicios se prestan por profesionales privados al servicio de la Administración de Justicia. Art. 342.3 de la LEC.

El perito designado podrá solicitar, en los tres días siguientes a su nombramiento, la provisión de fondos que considere necesaria, que será a cuenta de la liquidación final. El Secretario judicial, mediante decreto, decidirá sobre la provisión solicitada y ordenará a la parte o partes que hubiesen propuesto la prueba pericial y no tuviesen derecho a la asistencia jurídica gratuita, que procedan a abonar la cantidad fijada en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones del Tribunal, en el plazo de cinco días.

En el caso de que no se paguen por adelantado los honorarios que solicita el “perito privado”, este estará eximido de realizar dicho servicio a la Administración de Justicia, tal y como expone el Art. 342.3 de la LEC, lo que evidencia que este no tiene ninguna obligación a prestar dicho servicio (si no le pagan), hecho que demuestra que este no es funcionario ni representa ni trabaja de forma habitual para la Administración de Justicia.

Transcurrido dicho plazo, si no se hubiere depositado la cantidad establecida, el perito quedará eximido de emitir el dictamen, sin que pueda procederse a una nueva designación.

En la anterior Ley de Enjuciamiento Civil, los peritos eran nombrados por los tribunales a través del sistema de “insaculación”, esto quiere  decir, que los juzgados podían coger cualquier dato de las páginas amarillas o cualquier otra guía o publicidad de servicios profesionales, para encontrar al perito que necesitaban para cada caso.Esta dilación de los procesos para llevar a cabo la ardua tarea de los funcionarios del juzgado en tener que ir llamando o contactando con profesionales desconocidos y privados, para preguntarles si estaban o no dispuestos a actuar como peritos, ahora con la actual LEC se intenta solucionar, pues los juzgados deben contar con su propio listado de peritos ya confeccionado, pero aún y así en muchas ocasiones los juzgados han de volver a viejo método de insaculación cuando en dicha lista no encuentran al especialista deseado para una causa muy muy especifica o especializada.

Por tanto la definición de perito judicial es: Profesional externo a los juzgados y perteneciente al sector privado cual presta su servicio de forma eventual al juzgado sin ser considerado personal funcionario de la Administración Justicia, si no un profesional que actúa por cuenta propia y brinda su opinión al Magistrado/Juez y a las partes implicadas sobre aspectos en los que este es especialista.

El perito judicial o “perito designado por el tribunal” se diferencia del perito de parte en que el perito de parte es aquel que han contratado cualquiera de las dos partes de forma privada sin designa del tribunal, decimos pues, que la parte demandante o la parte demandada ha contratado por su cuenta los servicios de un perito de parte para presentarlo como prueba en defensa de sus intereses ante un juzgado.

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tasación de costas

La tasación de costas en nuestro ordenamiento jurídico

LA TASACIÓN DE COSTAS EN NUESTRO ORDENAMIENTO JURÍDICO

En un procedimiento judicial se producen ciertos gastos, cuyo origen directo tiene que ver con la misma existencia de dicho proceso. Ahora bien, cuando hablamos de costas nos referimos a una parte de estos gastos, que son los relacionados con los siguientes conceptos:

 

  • 1.º Honorarios de la defensa y de la representación técnica cuando sean preceptivas.
  • 2.º Inserción de anuncios o edictos que de forma obligada deban publicarse en el curso del proceso.
  • 3.º Depósitos necesarios para la presentación de recursos.
  • 4.º Derechos de peritos y demás abonos que tengan que realizarse a personas que hayan intervenido en el proceso.
  • 5.º Copias, certificaciones, notas, testimonios y documentos análogos que hayan de solicitarse conforme a la Ley, salvo los que se reclamen por el tribunal a registros y protocolos públicos, que serán gratuitos.
  • 6.º Derechos arancelarios que deban abonarse como consecuencia de actuaciones necesarias para el desarrollo del proceso.
  • 7.º La tasa por el ejercicio de la potestad jurisdiccional, cuando sea preceptiva. No se incluirá en las costas del proceso el importe de la tasa abonada en los procesos de ejecución de las hipotecas constituidas para la adquisición de vivienda habitual. Tampoco se incluirá en los demás procesos de ejecución derivados de dichos préstamos o créditos hipotecarios cuando se dirijan contra el propio ejecutado o contra los avalistas.

 

En caso de no hacer frente  a las costas la parte acreedora podrá reclamar el pago por medio del procedimiento de vía de apremio al que se llegará mediante la realización de un trámite denominado tasación de costas.

En caso de que dicha tasación de costas sea impugnada por la otra parte por considerarla excesiva o por partidas indebidas se recomienda calcular los honorarios de letrado según la escala 1 del criterio 7 de los Criterios orientadores del colegio incrementando 150 euros en caso de que se celebre vista.

Si se estima la impugnación de la tasación de costas cogeremos como base del cálculo la diferencia entre la cuantía de las partidas que hayan sido impugnadas y la fijada definitivamente en la tasación. En caso de que se desestime la impugnación de la tasación de costas, la base del cálculo será la diferencia de las partidas impugnadas y lo que la parte que impugna la tasación consideró como correcto, a menos que no se haya pronunciado, en cuyo caso se cogerá la totalidad de la partida impugnada.

Téngase en cuenta que en caso de acudir a la segunda instancia el letrado podrá minutar el 50% que correspondería en primera instancia, e incrementarlo en un 20% si llegase a celebrarse vista, hecho que hay que tener en cuenta en relación a la tasación de costas posterior y el desembolso que nos pueda suponer.

En lo que se refiere a los recursos de casación o infracción procesal ante el Tribunal Supremo podrá minutarse un 40% de lo que correspondería en primera instancia más un incremento del 20% si se celebrarse vista. En caso de no estimarse el recurso o declararse desierto, por la interposición de éste y la impugnación previa a la sustanciación del recurso se puede minutar el 20% correspondiente a la tramitación completa.

En caso de actuar ante el Tribunal Constitucional, lo recomendable es minutar la cantidad de 900 euros y por el escrito de alegaciones unos 450 euros en caso del recurso de inconstitucionalidad. En lo que se refiere a los recursos de amparo inconstitucional o conflictos negativos o de competencias se recomiendan unos honorarios de 1.500 euros incrementándose dicha cantidad en un 10% en caso de admitirse prueba. Si el recurso no se admite se aconseja minutar un 50% de lo que correspondería.

En relación al incidente de suspensión del acto administrativo de los poderes públicos por el cual se formula recurso de amparo se puede percibir un 20% de los honorarios correspondientes al recurso. En caso de incidentes sobre indemnización por casusa en daños derivados de la denegación o concesión de la suspensión del acto administrativo, se aplicará la escala correspondiente a los incidentes, es decir, la escala uno.

 

La tasación de costas se encuentra regulada en el título VII de la Ley de Enjuiciamiento civil, en los artículos 241 y siguientes.

 

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