Colapso del Estado de Derecho

Silvia Riol Albiac

Psicóloga y asesora

mayo 1, 2020

Una de las lecciones que nos deja este confinamiento es la alarmante ineptitud en la gestión de la pandemia. Evitar el colapso sanitario era una prioridad máxima cuando se decretó el estado de alarma. Ahora lo es evitar el colapso económico, administrativo y judicial. Tanto en el sector público como en el privado. La negligencia unilateral del gobierno en esta crisis es inadmisible. El sector privado está a punto de colapsar. Y no podemos permitir que también colapse el Estado de Derecho. El garante de nuestras libertades.

Después de las sucesivas prórrogas del estado de alarma urge salir del confinamiento con unas garantías mínimas. las mismas que urgen en el orden económico e institucional. Funcionarios y profesionales han mantenido la actividad en sectores esenciales del sector público y privado. Tras siete semanas podemos decir que el confinamiento sigue siendo la única medida que garantiza nuestra protección. Y lo es en atención a los criterios comunes presentados por la Comisión y el Consejo europeos. Hoja de ruta común para levantar las medidas de contención en los países o estados miembros. Unos criterios que coinciden plenamente con los presentados por la OMS sobre la evolución del Covid-19.

Criterios comunes europeos para levantar las medidas de contención

En relación a los criterios epidemiológicos, en España se cumple que el número de contagios ha disminuido. También se cuenta con un mayor número de camas disponibles en UCI y camas de hospital. Pero ¿qué ocurre con el material sanitario (mascarillas, test) y los equipos de protección (EPIs) para combatir la pandemia? ¿Qué ocurre con la protección del personal sanitario? ¿Hay personal suficiente y está bien equipado para atender las necesidades socio-sanitarias?

La respuesta a estas preguntas se ha materializado en sendas querellas presentadas ante el supremo. En calidad de demandantes, el Consejo General de Enfermería (CGE) y La Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM). En calidad de demandados, el ministro de sanidad y los demás corresponsables del gobierno y de su departamento. Les demandan por la presunta comisión de un delito contra los derechos de los trabajadores, tipificados en los artículos 316 y 317. La compra de cantidades ingentes de material defectuoso y no homologable ha puesto en riesgo la vida de miles de sanitarios que están en primera línea.

El material de prevención apenas cubre al personal que trabaja en residencias, en servicios sociales. Lo mismo ocurre con los agentes de seguridad. Lo mismo con los funcionarios que trabajan en la administración pública y en justicia. Otro tanto con los profesionales que durante estas siete semanas están manteniendo los servicios esenciales en el sector privado. Y con estos precedentes ¿Podemos esperar que los poderes públicos protejan adecuadamente al resto de la población?

Entre los criterios comunes europeos para levantar el confinamiento está el  garantizar el material de prevención. Se insiste en la capacidad de detectar y controlar la propagación del virus. Para ello, es fundamental la detección sistemática de nuevos casos mediante la realización masiva de tests de diagnóstico. Imprescindibles para el control de nuevos focos y el aislamiento. La vuelta a la “normalidad” estaría condicionada al cumplimiento de estas normas comunes. Y con ellas, estar preparados para controlar posibles brotes del virus.

Obstáculos a la iniciativa privada y empresarial

Pues bien, la Orden SND/344/2020 de 13 de abril establece la intervención de centros y laboratorios privados de diagnóstico clínico. Se limitan las pruebas diagnósticas para la detección del Covid-19. Se alega que es para “evitar situaciones de abuso en la realización de las pruebas”. Pero en la práctica, se frena y se obstaculiza la iniciativa privada. Se impide el poder realizar tests masivos necesarios para controlar la expansión del contagio, tal como recomiendan el Consejo europeo y la OMS.

Otro tanto ocurre con la fijación estatal de un precio máximo para la venta de mascarillas en las farmacias. Cuando estas ya habían hecho acopio de material a suministradores se vieron obligadas a venderlas por debajo del coste de adquisición. La consecuencia directa en el mercado ha sido la escasez y el desabastecimiento general de este producto necesario para protegernos.
 
Los poderes públicos han reaccionado tarde y mal. Y no conformes con eso, están bloqueando las iniciativas del sector privado de forma incomprensible. Un sector que, desde el principio, ha demostrado ser más previsor, ágil y eficiente en su respuesta ante la crisis. Basta analizar las numerosas iniciativas privadas y empresariales que se han llevado a cabo para paliar los efectos de esta pandemia. El sector privado no merece quedarse en la cuneta. No merece esta intervención negligente por parte del gobierno.

Después de una prórroga sucesiva del estado de alarma, cuestionada legalmente, urge salir del confinamiento con unas mínimas garantías. Garantías en los órdenes: sanitario, económico, administrativo y judicial. No podemos estar impasibles ante la destrucción del sector privado. No podemos permitir que colapse nuestro Estado de Derecho por el bloqueo y la negligencia unilateral de un mal gobierno.

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