SUPRESIÓN DE LAS TASAS JUDICIALES ¿Y las empresas?
Con la entrada en vigor el pasado Domingo día 1 de Marzo del Real Decreto-Ley 1/2015, de 27 de Febrero, los ciudadanos ya podemos reclamar nuestros derechos e intereses legítimos ante los tribunales sin pagar las tasas judiciales que nos impusieron con la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses.
La citada ley ha sido criticada por vulnerar nuestra libertad al acceso a la Justicia y al derecho de la tutela judicial efectiva ya que impide y dificulta el acceso de quienes carecen de recursos económicos suficientes. Además, aún quedan por resolver los cinco recursos de inconstitucionalidad interpuestos por la Junta de Andalucía, la Generalitat de Cataluña, el Grupo Parlamentario Socialista, la Junta de Canarias y la Diputación General de Aragón, además de las cuestiones de inconstitucionalidad que han planteado Juzgados de lo Social de Primera Instancia, la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional y la Sala Cuarta del Tribunal Supremo.
Y si declarasen su inconstitucionalidad ¿podríamos en un futuro llegar a reclamar los importes ya pagados? Por ahora lo que estamos viendo es que las tasas judiciales son exigibles desde la presentación de la demanda y no desde su admisión. Qué lástima por todas las demandas o recursos presentados en estas últimas semanas.
Igualmente, ahora que se ha suprimido las tasas judiciales para las personas físicas en todas las órdenes e instancias judiciales hay que ir un paso más adelante y luchar por la supresión de las tasas judiciales para las personas Jurídicas. Su aplicación en este ámbito resulta una injusticia para las medianas y pequeñas empresas ya que éstas soportan el mismo tipo de gravamen que las grandes empresas, al no hacer distinción del tamaño y volúmenes de facturación entre otras cuestiones.
Por ahora vamos a ser optimistas y esperemos que pronto podamos decir que también se llegue a modificar o suprimirse para las empresas las tasas judiciales.
