Privatización del Registro Civil
Finalmente se paraliza, de momento, la privatización del Registro Civil, que estaba prevista para el próximo 15 de Julio cediendo a los registradores mercantiles. Así lo anunció el ministro Rafael Catalá el pasado día 24 de Abril, pues como alegó, no contaba con el apoyo suficiente. Aún así, la decisión de poner en manos de los registradores la gestión del organismo mencionado, realizando por tanto una privatización del Registro Civil encubierta, no ha sido descartada pues el propio ministro insiste en sacar el Registro Civil de los Juzgados pero sin presión y con consenso estando dispuesto a buscar alternativas.
Así las cosas, el Gobierno proclama que se ha tomado la decisión para evitar colápsos en los juzgados y que no se cobrará tasa o arancel alguno en caso de que el Registro Civil pase a manos de registradores mercantiles ya que según el ejecutivo son funcionarios públicos.
Hay que tener en cuenta que los registradores mercantiles acceden al puesto mediante oposiciones, sin embargo, actúan en interés privado ya que contratan a su personal y cobran el IVA, encontrándose incluidos en el régimen general de autónomos y trabajadores por cuenta propia. Ello hace pensar, como es lógico, que en caso de que se efectúe finalmente el traspaso de competencias las gestiones que hasta ahora eran gratuitas pasarán a tener un coste, pues los registradores, que soportan unos gastos para ejercer como tales no asumirán competencias sin recibir nada a cambio. Se habla de que por ejemplo una fe de vida supondrá un coste de 20 a 30 euros cada vez que se solicite, u obtener un acta matrimonial de 90 a 100 euros.
Por otro lado, aparte de lo que la privatización del Registro Civil suponga a nivel económico, nos encontramos con el problema de que los datos de carácter personal y privado que hasta entonces estaban en manos del sector público con las garantías de la Agencia de Protección de Datos pasarían a manos privadas con el peligro que ello encierra.
