La crisis del Covid-19 ha puesto a prueba la supervivencia de numerosos negocios y empresas. De igual modo, se han puesto a prueba su resiliencia y su paciencia ante las limitaciones impuestas. En el momento en que se proclamó el decreto del estado de alarma, ya se marcaron algunas líneas divisorias:
Primero entre las pymes y autónomos que daban «servicios esenciales» y los que no los daban. Después entre los que podían acogerse a un ERTE de fuerza mayor y los que solo podían hacerlo por causas económicas, técnicas o productivas. El grupo de empresas que daban servicios «no esenciales» era mayoritario. Y dentro de este grupo se marcó una nueva división:
Las pymes y autónomos que mantuvieron abiertos sus negocios en la modalidad de teletrabajo. Y los que tuvieron que cerrar sus puertas porque no disponían de esta opción. Las consecuencias en términos de supervivencia, perjudicaba a los segundos y favorecía a los primeros.
Ahora estamos a punto de inaugurar la etapa post-covid. Veamos con qué ayudas estatales han podido contar las empresas para sobrevivir al cierre forzoso.
Ayudas públicas en lo laboral para afrontar la crisis del covid-19
Las ayudas laborales a autónomos y pymes se han reducido a exenciones de las cotizaciones sociales de trabajadores en ERTE por causa de fuerza mayor. Las exenciones se han condicionado a mantener el empleo de trabajadores en el plazo de seis meses. Sin embargo:
No se aplican en caso de un despido disciplinario procedente, dimisión, jubilación, incapacidad permanente total, por fin de contrato temporal de tiempo definido o por la interrupción de contratos fijos discontinuos.
Tampoco resultan de aplicación para aquellas empresas en las que concurra un riesgo de concurso de acreedores.
Si bien, el incumplimiento de este compromiso supondrá para el empleador el reintegro de la totalidad del importe de las cotizaciones de cuyo pago resultaron exonerados, con el recargo y los intereses de demora correspondientes.
Ayudas públicas de estímulo fiscal y financiero para empresas, resumidas en tres puntos clave
Aplazamiento de préstamos hipotecarios y de algunos impuestos como el IVA y el de Sociedades (si las deudas no superan los 30.000 euros y la facturación anual es inferior a los aprox.6 millones de euros)
Moratorias de seis meses para solicitar el concurso de acreedores (procedimiento mercantil)
Líneas de financiación y avales ICO para reactivar la actividad empresarial o su digitalización (Se podrá solicitar créditos a la banca privada hasta el 30 de septiembre/2020 y el plazo máximo del aval es de 5 años)
Las medidas estatales se han visto complementadas con otras ayudas prestadas por las comunidades autónomas. Queda pendiente asignar partidas del fondo de reestructuración europeo. Y en el sector privado, las entidades financieras también han facilitado unas mejores condiciones en sus préstamos a estos colectivos.
¿Estas medidas ayudan a la supervivencia de pymes y autónomos?
Pues depende de muchos factores y especialmente del sector profesional al que pertenezcan. En apariencia, la concesión de estas ayudas supone un pequeño alivio. Incluso para los sectores más vulnerables de la crisis (turístico y hotelero, industria y comercio).
Pero no hay que olvidar que los pagos solo se aplazan temporalmente, no se suspenden. Y las pymes y autónomos afectados por el cierre, siguen en modo supervivencia para afrontar la nueva etapa post-covid. Incluso con la necesidad de re-ubicar a sus trabajadores esenciales y prescindir de los no esenciales.
Esta etapa post-covid requiere de soluciones distintas a la etapa pre-covid. Las necesidades y prioridades de los clientes o consumidores han cambiado. Por tanto, las prioridades de las empresas que dan servicio a estos clientes también necesitan transformarse. Poner el foco en una nueva reestructuración y defensa del negocio es una cuestión de supervivencia. Igual que lo es el refuerzo de la vías administrativa, legal y comercial.
Opciones a explorar por las empresas en la etapa post-covid
Reclamación legal por la pérdida de beneficios durante el cierre
Es posible en la situación de empresas, comercios y autónomos que se han visto obligados a cerrar su negocio de forma temporal durante la pandemia. No han podido justificar el cierre por causa de fuerza mayor. Tampoco se han podido beneficiar de la exención de las cotizaciones sociales de los trabajadores en ERTE.
Se trata de empresas obligadas a mantener la actividad sin clientes y sin disponer de medidas de seguridad adecuadas. Paralizar la actividad ha supuesto un gran perjuicio en su cuenta de resultados. Incluso en algunos casos, el cierre definitivo del negocio.
En estos casos, procede valorar el perjuicio ocasionado o los beneficios que han dejado de percibir (lucro cesante). Así que, de tener asegurado el negocio, podrían reclamar legalmente. Y tienen derecho a una indemnización por los daños y perjuicios materiales que les haya ocasionado.
Revisión y re-negociación de las condiciones contractuales
Un asesoramiento mercantil en los casos en los que proceda un concurso de acreedores. O estudiar una fórmula más ventajosa para los intereses del empresario y autónomo como el pre-concurso. Explorar la ley de segunda oportunidad LSO puede ser una buena alternativa en casos de insolvencia o quiebra de autónomos.
En la re-apertura del negocio es fundamental revisar las contrataciones y obligaciones societarias contraídas. Ya sea con los arrendadores (alquileres), con los proveedores (materiales tangibles e intangibles) o con las entidades financieras (liquidez y créditos).
También negociaciones bancarias posibilitan mejores condiciones de financiación. Pymes y autónomos se han beneficiado de una medida de protección: los bancos no han podido cancelar sus créditos anteriores a la crisis.
Para contratar y gestionar hipotecas más rentables, la negociación produce buenos frutos. Y en general, es aconsejable el análisis de viabilidad de sus negocios en función de los factores señalados.
Digitalizar el proceso de comercialización de productos y servicios
En este punto conviene recordar las razones que llevaron al cierre total o parcial de muchas empresas: No estar preparadas para trasladar el trabajo presencial a remoto. Las empresas digitalizadas que pudieron desarrollar el teletrabajo no se vieron afectadas por el cierre. Y en consecuencia, han resistido bien el envite del covid-19.
Los canales digitales y telemáticos son una prioridad. Se necesita adaptar la oferta de los productos y servicios a la nueva realidad de la situación. El nuevo modelo de consumo exige implantar plataformas de e-commerce y call center. Del mismo modo debe garantizarse la seguridad de los sistemas y las transacciones.
Aunque existen Apps útiles y funcionales (skype, cloud, webinar…), para implantar el teletrabajo se puede recurrir a la línea de financiación del ICO. Se trata de una línea de crédito de 200 millones de euros destinados a la compra de equipamiento y servicios para la digitalización. Una iniciativa que se enmarca en el plan “Acelera Pyme”, a través de la entidad Red.es
El estado de alarma ha puesto a prueba la supervivencia de numerosos negocios y empresas. Sobrevolar la crisis que viene es un deber ineludible. Una oportunidad para ubicarse de nuevo, tomar impulso y volver a alzar el vuelo.
